Un juez ordinario asentado en Morochata, hoy en función de juez electoral, tendrá la responsabilidad de definir si el presidente Evo Morales y candidato presidencial del MAS cometió o no una falta electoral y, en su caso, cuál es la sanción que corresponde conforme a norma. Dadas sus implicaciones, la decisión no es menor. El juez debe pronunciarse en los próximos días.
La semana pasada, en un acto oficial de entrega de obras en el municipio de Morochata, Cochabamba, el Mandatario ofreció al alcalde “lo que pidan el próximo año” con la condición de garantizar el 100% (de votos) para su candidatura. Ante las críticas de la oposición, Evo pidió disculpas por la declaración, aludiendo que se debió a un desafío con “espíritu bromista”.
El TSE decidió actuar de oficio y, según lo establecido en el reglamento para las elecciones de 2019, derivó el caso a un juez electoral. Previamente un informe técnico estableció la “posible vulneración” de la ley sobre período de propaganda y prohibiciones. Ahora, el juez en Morochata debe resolver el hecho en primera instancia. Su decisión puede ser apelada ante el TED.
Hay quienes sostienen que la posible falta electoral del candidato Morales debió ser tratada en única instancia en la Sala Plena del TSE. Otros creen que se trata de una distracción o un mecanismo para no asumir responsabilidades y, por tanto, evitar presiones. Lo cierto es que ahora todos los reflectores político-mediáticos están sobre el juez ordinario y su delicada actuación.
