Recientemente, unos abogados elaboraron un escrito para presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) pruebas que implican a funcionarios de la Unión Europea (UE) “en la comisión de crímenes contra la humanidad”, al dejar en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en declaraciones de los propios funcionarios europeos y en documentos internos que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África”.
La UE y sus representantes “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos (y) los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Entre enero de 2014 y julio de 2017, más de 14.500 migrantes se habrían ahogado en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.
Para que la denuncia prospere, la Fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar; pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la UE, una de sus principales valedoras de esta corte. Lo que sorprendería, porque no parece creíble que un tribunal pueda ser independiente de quién lo financia, de su mentor político. Los afectados son civiles vulnerables, muchos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas y malos tratos. Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos.
La UE se defiende asegurando que “nuestras acciones se basan en la ley”. Lo que no demuestra otra cosa que la inmoralidad de esas leyes, y remata afirmando que "Nuestra prioridad siempre ha sido (…) proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano (…) en las rutas migratorias”; demostrando que, además, mienten descaradamente.
El solo hecho de impedir la libre inmigración ya es inmoral, porque fuerza a los migrantes a convertirse en ilegales y a pactar con traficantes y toda clase de delincuentes que, por una suma de dinero, los acercan a los países desarrollados. Los obligan, además, a navegar en embarcaciones y condiciones extremadamente precarias, porque las legales están prohibidas.
En gran parte, el rechazo de los europeos se debe al fracaso del Estado de bienestar, incapaz de garantizar el asistencialismo a todos los ciudadanos, y temen que los inmigrantes les quiten lo que les queda. Europa tiene que comprender que el asistencialismo estatal no es gratis, y que es injusto y oneroso. Injusto porque se solventa por vía de impuestos que recaen siempre sobre los pobres; por ejemplo, las empresas los pagan subiendo precios o bajando salarios. Y onerosos porque la paradigmática ineficiencia estatal lleva a que, por caso, los servicios estatales de salud consuman el doble de recursos que los privados.
Y tiene razón el papa Francisco al afirmar que, recordando el muro de Trump en la frontera con México, “El que levanta un muro termina prisionero… La alternativa son los puentes”. En una sociedad libre, donde no se empobrece a sus ciudadanos con impuestos ni se les prohíbe trabajar (por ejemplo, con un salario mínimo que impide el trabajo de los que ganarían menos), los inmigrantes son fuente de riqueza, al sumar trabajo y creatividad, y no consumen dineros ajenos que el Estado consigue por vía impositiva.
* es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.
