La semana pasada, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) decidió clausurar temporalmente el matadero municipal de Cochabamba, luego de constatar que ninguna de las observaciones que habían realizado en mayo pasado fueron implementadas. En concreto, pidieron subsanar la evidente falta de limpieza, así como la ausencia de maquinaria y de una planta de tratamiento adecuadas para este tipo de trabajo, entre otras medidas.
Tras esta determinación, los matarifes reconocieron las deficiencias, y apuntaron a la empresa privada a la que se le otorgó la administración del matadero en la gestión pasada como la responsable de este deplorable estado. Y alertaron que en la capital del valle no hay alternativas para el faenado de la carne, por lo que es probable que la determinación del Senasag, de mantener cerrado el matadero hasta que se realicen las mejoras necesarias, no se cumpla a cabalidad.
Huelga recordar que estas precarias condiciones se repiten en mayor o menor medida en todos los mataderos municipales del país. Situación que a su vez pone en riesgo la salud no solo de los trabajadores y de quienes viven en inmediaciones de estos establecimientos, sino también de los consumidores. Y a ello se suma la brutalidad a la que son sometidos cotidianamente los animales en aquellos lugares de espanto. La cual dicho de paso ni siquiera forma parte de las observaciones manifestadas por las autoridades de salud. De allí que urja una política de Estado que se asegure de mejorar el deplorable estado que impera en los mataderos del país.
