En la nutrida lista de sectores que la semana pasada marcharon por las calles, particular atención merecen los ropavejeros, que se movilizaron en La Paz y en otras ciudades, durante varios días, demandando una reunión con el Presidente del Estado para hacerle conocer sus demandas, que incluyen levantar la prohibición de comerciar con ropa usada e internada de contrabando.
El sector, que prefiere ser conocido como “comerciantes de prendería a medio uso”, y cuyo número de afiliados sigue aumentando pese a que desde hace más de una década está prohibido el comercio al que se dedican, ahora reclama porque los controles que ejecutan las FFAA en los diferentes pasos fronterizos por donde se interna contrabando están afectando su negocio.
El vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Prendería a Medio Uso dijo que hace dos meses ya no pueden internar mercadería debido a los controles militares en la frontera, lo que “afecta a más de 250.000 gremiales” que se dedican a esta actividad en los nueve departamentos. A su vez, el presidente del sector pidió al Gobierno atender sus demandas y que los dejen seguir comercializando la ropa usada que, es bien sabido, ingresa al país de contrabando. A cambio, prometió, el sector comenzará a tributar por su negocio.
Con todo, es evidente que las y los miembros del sector saben perfectamente que su comercio se produce al margen de la ley desde 2008, cuando se cumplió el plazo para seguir vendiendo las prendas de vestir que, se supone, habían sido internadas al país hasta abril de 2007, cuando se prohibió definitivamente la importación de ropa y otros productos textiles de segunda mano.
De ahí que haya resultado tan llamativo el estribillo que fue coreado una y otra vez durante las marchas de la semana pasada: “Nada es de Bolivia, todo es contrabando”, como queriendo decir que todo comercio informal es alimentado por la importación ilícita de bienes. Algo de razón deben tener, particularmente quienes saben que su negocio ha prácticamente acabado con la industria nacional de prendas de vestir, particularmente en aquellos mercados de bajo poder adquisitivo.
Es evidente, también, que el Estado le ha fallado a esa enorme población de comercializadores de prendas de vestir importadas no solo porque hasta ahora no ha logrado impedir que toneladas de ropa usada sigan ingresando cada mes al país, sino sobre todo porque incluso a pesar de los exitosos programas de generación de empleo, la gran mayoría de los gremiales no encuentra su lugar en ninguna de las empresas que demandan mano de obra asalariada.
Hay, pues, una agenda pendiente en términos de transformación de las condiciones que se le ofrecen a miles de personas que solo encuentran en el comercio una fuente de sustento. Mientras eso no cambie, el contrabando seguirá siendo una muy apetecible forma de generar ingresos.
