En su reciente reunión realizada en la ciudad de La Paz, dirigentes de comités cívicos y activistas de oposición decidieron un conjunto de medidas de presión en su reiterado propósito de exigir la renuncia de los vocales del TSE y lograr la inhabilitación del binomio oficialista. Su apuesta fuerte es un paro nacional indefinido, que implica suspender las elecciones de octubre.
Luego del paro realizado el 9 de julio en Santa Cruz, la cúpula cívica anunció acciones escalonadas hasta llegar a un paro nacional. Esta medida ya tiene fecha: el 21 de agosto. No participarán Potosí, que tiene agenda propia, ni tampoco Beni y Pando, excluidos del bloque opositor. Como sea, el día elegido para realizar el paro no es el mejor. Y es que un 21 de agosto, hace 48 años, el militar Hugo Banzer dio un golpe de Estado, instalando una larga y cruel dictadura en el país.
Pero los cívicos y activistas van más lejos en su agenda rupturista. Diez días antes de las elecciones del 20 de octubre, pretenden instalar un paro indefinido a nivel nacional; nada menos. Es una opción demasiado arriesgada. Primero porque si el paro fuese exitoso, daría lugar a la suspensión de los comicios, o peor aún, a una jornada electoral con hechos de violencia. Segundo, porque lo más seguro, dados el contexto y los antecedentes, es que sea un paro insostenible y, por tanto, fallido.
Por si fuera poco, en un ensayo de radicalismo, en su reunión los opositores decidieron la realización de “un cerco a la sede de gobierno y resistencia civil en La Paz” (sic). A reserva de lo que eso signifique y cómo piensen hacerlo, se trata de una amenaza claramente antidemocrática no solo contra las elecciones, sino contra la ciudadanía. En todo caso, es claro que, al igual que el paro indefinido, sería una medida insostenible, por más que venga acompañada de “ayuno y oración” en las iglesias.
A diferencia del anterior encuentro del campo opositor efectuado en mayo pasado en Santa Cruz, esta vez los jefes partidarios y los candidatos de binomios presidenciales no atendieron la convocatoria. Todos ellos están concentrados en su campaña electoral para competir en los comicios de octubre, que justamente están bajo asedio de los cívicos y activistas. La declaración solo fue suscrita por el candidato de UCS, quien sin embargo no piensa abandonar las elecciones y también está en campaña.
En anteriores movilizaciones, que buscaban abrogar la Ley de Organizaciones Políticas (hoy en vigencia) y cancelar las elecciones primarias (realizadas el 27 de enero), los opositores asumieron medidas extremas como la huelga de hambre. Terminaron en nada. A reserva de la debilidad o fortaleza que tenga la acción del 21 agosto, lo más probable es que el paro indefinido de octubre, si se produce, sea un fracaso. Con la paradoja de que puede perjudicar más a la oposición que al oficialismo.
