Pareciera un título exagerado, pero la realidad es que el extractivismo y en particular la minería han pasado de ser, por siglos, el centro de la preocupación económica del país a ser considerados una “mala palabra”, en el sentido de industria extractivista por excelencia. Sin querer queriendo o intencionalmente, los actores políticos que hoy quieren ponerse un disfraz de activista verde o de adalid de la transición al uso de energías limpias evitan referirse a las políticas mineras y energéticas en sus campañas. La minería, que otrora fue el sostén de la economía del país, hoy es vista de soslayo; todo el mundo piensa en dejarla, reemplazarla por el turismo, la agricultura, las energías renovables, etc.
Pero la cuestión no es tan sencilla. La minería representa entre el 6% y el 8% del PIB nacional (y en años recientes llegó a más del 10%). Además, representó más del 44% del valor de las exportaciones de la última gestión, considerando minerales y metales según datos del INE y del ministerio del ramo. Es también el sector empleador por excelencia, tomando en cuenta el empleo informal en las cooperativas mineras; y es el motor económico en ciudades mineras como Oruro y Potosí, y en centros urbanos y suburbanos del radio de influencia de minas y proyectos mineros. ¿Podremos cambiar esta matriz productiva en el mediano y aún en el largo plazo? Es la pregunta del millón.
Vemos hoy en el país una carencia casi absoluta de nuevos proyectos mineros que reemplacen los yacimientos importantes como San Cristóbal, San Vicente o San Bartolomé, que están en el periodo previo al cierre de actividades; o las minas tradicionales en poder del Estado (Huanuni, Colquiri, Corocoro). La actividad minera mediana y chica está dedicada casi exclusivamente a la explotación de vetas de alta ley y de residuos minerales en superficie, en ingenios mineros de toda escala en Potosí y Oruro. Ésta es una de las pocas actividades rentables en las condiciones actuales del mercado, tributarias, de seguridad jurídica y de coparticipación vigentes en el país.
Hay también cooperativas auríferas boyantes, menos sostenibles, para metales tradicionales. Son los nuevos grandes actores del sector minero, fuente de los nuevos ricos de este país, gracias a la política actual que no solo permite, sino incluso fomenta la minería informal. Nadie dice nada del futuro; la exploración es nula y tenemos un solo proyecto de interés, el joint venture Comibol – New Pacific, cuyo apelativo se conoce como Alcira, ubicado a 57 km al noreste de la ciudad de Potosí. Pareciera que todos están convencidos de que la minería ya no está en los planes gubernamentales y confían en que el proyecto del litio y potasio en Uyuni sea la panacea que nos salve del desastre. ¿Será este el camino a la mítica Arcadia o hacia un país de pastores como alguna vez comenté en esta columna? ¿Hacia allí queremos ir?
Dura situación para un país que, pese a todo, ha superado otras crisis como la nacionalización de las minas y sus consecuencias, la hiperinflación, la capitalización, la privatización, la relocalización y otras tantas disque tentativas de cambiar paradigmas a lo largo de la tortuosa historia de la minería nacional. Todas ellas fueron solamente eso, tentativas. El péndulo de la lucha por la apropiación de la renta minera (que es cruel y es mucha, como dirían los dirigentes mineros) seguirá su curso oscilante y casi eterno entre los intereses del capital privado y los del Estado. Sin embargo, la luz al final del túnel siempre se encuentra. Las mejores vibras en el mes aniversario de la patria, otra vez el temple guerrero de los bolivianos forjará un futuro mejor.
* Ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
