Días atrás, una periodista de este diario envió un cuestionario a la ATT. Al cabo de una semana, el responsable de comunicación de esa entidad respondió que el cuestionario ya había sido resuelto y que iba a ser publicado en un boletín de prensa. Al reclamar por esta actuación, argumentó que se trataba de “información pública”. Lamentablemente, la historia no es nueva, pues varias otras reparticiones estatales han optado por atender requerimientos periodísticos bajo esta “modalidad”.
Por caso, hace unos meses se solicitó al BCB información sobre el bono navideño y las reservas de oro; requerimiento que fue respondido con notas de prensa. Y lo propio hizo la DGAC sobre el tráfico aéreo. Por otro lado, ante el requerimiento de información sobre la producción de cemento en el país, el INE aseguró no tener datos al respecto. Pero hace unos días el Ministerio de Economía publicó cifras de este sector a partir de información del INE. El Gobierno Municipal de La Paz responde de forma similar. Ocurrió con información solicitada sobre los procesos judiciales abiertos contra el Alcalde y el servicio de los buses PumaKatari, la cual fue respondida con sendas notas de prensa. Y aún peor, información solicitada sin respuesta sobre parqueos municipales fue difundida días después en un reporte de otro diario.
Como es de suponer, no estamos de acuerdo en que una iniciativa periodística particular se convierta en información pública disponible para otros medios. Esta modalidad no solo es irrespetuosa, sino que además atenta contra el libre acceso a la información pública.
