Días atrás se comentaba en este mismo espacio el drama cotidiano que afrontan los pasajeros de buses de transporte interprovincial e interdepartamental, a causa de las malas prácticas de muchos choferes. Coincidentemente, el mismo día, la Defensoría del Pueblo presentó un informe al respecto, en el que confirma esta situación y detalla una larga lista de problemas.
La investigación defensorial agrupa las deficiencias identificadas en cinco categorías: inseguridad en el servicio, insuficientes mecanismos de control y supervisión, exiguas medidas para reducir los factores de riesgo, falta de supervisión al mantenimiento de los buses, y la inexistencia de una cultura de reclamo. Es evidente que el peso de la culpa recae sobre los agentes del Estado que no pueden o no quieren hacer a cabalidad su trabajo.
La desidia, o mala fe en algunos casos, de los conductores y la ignorancia de los usuarios respecto de sus derechos aparecen también entre líneas, pero en todo caso es el Estado el que falla cada vez que un conductor omite cumplir las normas y sale impune. También falla cuando omite avisar a las y los usuarios de cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos para reclamar por ellos.
El informe de la Defensoría del Pueblo, titulado “Seguridad vial como garantía del derecho a la vida en el transporte automotor público terrestre interdepartamental”, se propone identificar las causas de una siniestralidad casi inverosímil en caminos y carreteras del país, que solo en el primer trimestre de 2019 se ha cobrado la vida de 260 personas y ha dejado heridas a 1.556, para terminar haciendo numerosas recomendaciones a las instancias pertinentes.
Parte de la metodología empleada en esta investigación, realizada entre febrero y marzo de este año, incluyó entrevistas a más de 1.000 usuarios del servicio, obteniendo por ejemplo evidencia de que el 69% de las personas que han usado el servicio coinciden en que los conductores no respetan los horarios, son indisciplinados y luego intentan recuperar el tiempo perdido conduciendo con exceso de velocidad y haciendo maniobras muy peligrosas. Asimismo, se descubrió que el 74% de los conductores no tienen la licencia de conducir apropiada, o que el 84% de los pasajeros no sabían que en cada viaje debe designarse a un usuario para que, al llegar a su destino, denuncie excesos del conductor si los hubiera.
Los asuntos aquí señalados son solo unos pocos de una muy extensa lista de problemas detectados en la investigación. Corresponde que las autoridades pertinentes recojan las recomendaciones de la Defensoría, las cuales, según estipula la ley, no deben ser ignoradas; y comiencen a hacer algo al respecto. En un Estado que se precia de sus grandes avances en materia de derechos, no es aceptable que un sector como el de los choferes siga burlando la norma, y en el camino poniendo vidas en riesgo.
