Hace pocos días, 15 personas fallecieron en un accidente en la carretera hacia el norte de La Paz. Hubo una gran cobertura al hecho noticioso, aunque enfocada predominantemente en la perspectiva de la crónica roja. Infelizmente, no hubo medio de comunicación ni periodista que se ocupe de aspectos fundamentales, por ejemplo, averiguar quién había mandado a un grupo de jóvenes médicos bolivianos a ese viaje mortal. En principio se mencionó el nombre de una organización “internacional”, pero luego se omitió indagar a fondo su grado de compromiso y responsabilidad en la tragedia.
Mi observación en esta columna es al periodismo, porque no fue capaz de acercar a la sociedad a una información que en este caso se reclamaba urgente, con base en preguntas elementales. ¿Cuál es el estatus jurídico de la tal organización? ¿Está autorizada a operar acciones de salud en Bolivia? ¿Este operativo era de conocimiento de las autoridades del sector? Sabemos que fueron reclutados médicos noveles como voluntarios a través de una convocatoria a la que ellos y ellas respondieron con entusiasmo y convicciones. Pero ¿ser voluntario implica renunciar a derechos de vida? ¿Puede una organización, a guisa de “voluntariado”, desentenderse de vidas inmoladas en una operación a la que ella misma llamó? ¿Los mandó sin seguro médico o de vida? ¿Cómo se iban a sustentar durante la misión? ¿Quién pagó el transporte? Es indigno que los familiares de las víctimas se vean obligados a solicitar la solidaridad de la sociedad para encarar los gastos consecuentes de un hecho que ellos no provocaron. Y más indigno aún es que el tema, a la fecha, haya dejado de ser noticia, habiendo tantos pendientes de información.
Tampoco el periodismo se ocupó de saber quiénes son las personas, con nombre y apellido, que representan a la organización; cuál es la dirección donde trabajan, ya sea en Bolivia o en el exterior; cómo fue el proceso de reclutamiento o cuáles iban a ser las condiciones laborales y de permanencia en el lugar de destino de los voluntarios. No conocemos un solo nombre a quien se pueda exigir respuestas sobre estas interrogantes. Y a juzgar por las evidencias, ningún medio se inquietó por investigarlos. No quiero imaginar lo que hubiera sido el tratamiento noticioso si la “organización” hubiera sido estatal…
Ante tantas omisiones, intenté acceder a referencias en internet. La página web de la organización presenta un portal mínimo, reducido a pocos datos, seguramente en su resguardo y como consecuencia del episodio infausto. Y aquí no pasó nada. Ahora, la dueña de la flota es la única culpable, y retirarle la licencia de funcionamiento a su empresa es la penalidad con que se pretende enmendar daños humanos irreparables.
Hay que ver lo que es formar a un hijo, caramba… Hacerlo profesional y ponerlo en la largada para la vida. Hay que ver lo que esos muchachos se habrán esforzado para lograr sus objetivos y encaminarse hacia sus sueños. Hay que ver lo que es sentir una ausencia en la mesa (y en el alma) para siempre… Hay que ver cuánto el país requiere de profesionales en salud… Y todas esas sensibilidades fueron reducidas a datos fáciles y rápidos: tantos muertos, tantos heridos, flota con exceso de velocidad, caída de 200 metros, imágenes amarillistas, y a otra cosa, punto. ¡No hay derecho!
Toda solidaridad con los familiares de las víctimas, y la más severa condena a los medios y sus operadores por este caso, que desde luego nos lleva a cuestionarnos cómo se envasan en general las noticias que consumimos. ¿Y si abriéramos, por ejemplo, el tema Venezuela…? Nos vemos en otra columna.
* Es compositor.
(18/08/2019)
