Como coincidiendo con el impasse protagonizado por los choferes sindicalizados del transporte urbano de pasajeros el domingo pasado, el Viceministro de Seguridad Ciudadana anunció que el anteproyecto de Ley de Seguridad Vial está en su fase final de concertación. La norma debería reemplazar al vetusto Código de Tránsito, promulgado en 1973. El último sector en discutir el proyecto es el de los transportistas.
Se trata de una de las tantas conclusiones de la Cumbre de Seguridad Ciudadana, que resaltó la necesidad de transformar y mejorar no solo la lucha contra el delito y los crímenes, sino también de dar seguridad a las personas en todos los aspectos de su vida cotidiana, comenzando por lo que sucede en las calles.
Estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito, de la Policía Boliviana, revelan que en 2018 el 99,2% de los accidentes viales registrados tuvieron como causa el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas y el desacato de las normas de tránsito; es decir, todas éstas atribuibles al conductor. Una ley de seguridad vial debe, entonces, orientarse a disciplinar a quienes suelen ponerse detrás del volante, pero también, y sobre todo, a proteger al peatón de los conductores.
Sin brindar detalles, la autoridad anunció “un capítulo especial en cuanto a las sanciones administrativas y punitivas que deben aplicarse” contra quienes provoquen hechos de tránsito. También se refirió a la obligatoriedad de instalar dispositivos de posicionamiento geográfico (GPS) en buses de transporte de pasajeros interdepartamentales e interprovinciales, a fin de hacer un seguimiento en tiempo real a estos coches, para prevenir accidentes como los que recientemente enlutaron a la sociedad.
Habrá que ver, sin embargo, el peso que este proyecto normativo asigna a la educación vial. Tema todavía no publicitado, pero que debería merecer la mayor parte de los esfuerzos por transformar un sistema vial caótico y peligroso en uno relativamente seguro. Cambiar las percepciones y actitudes de las y los más jóvenes podría ser un buen punto de partida; mas no puede olvidarse de que este mismo propósito debe cumplirse con quienes ya están detrás del volante, a menudo ignorando por completo la existencia de normas y reglas básicas de comportamiento en las calles.
Las y los peatones, en tanto usuarios de servicios de transporte públicos y privados o caminantes de las calles, requieren asimismo una reeducación para que comprendan que la seguridad propia y ajena también depende de su comportamiento. Intentar medidas coercitivas o siquiera disciplinarias sin más probablemente termine en franco desacato.
Probablemente no solo haga falta consensuar con los choferes sindicalizados, el gremio más díscolo y a la vez responsable en gran medida de la inseguridad vial. Hará falta asegurar que la sociedad en su conjunto conozca el proyecto normativo, y comprenda que ha sido pensado para producir un cambio tan necesario como urgente. Ojalá así sea.
