Una vez más, un miembro electo de la cúpula del Órgano Judicial ha echado por tierra la imagen del poder del Estado al que representa, al aparecer implicado en hechos de favorecimiento ilícito a un presunto feminicida y de cuoteo de cargos. Como muestra de su talante, al momento de anunciar su renuncia, decidió acusar a un excolega suyo por los delitos que se le atribuyen.
Por donde se mire, la conducta del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, da cuenta de la miseria moral de muchas y muchos abogados y juristas, que sin importar lo elevado de su formación profesional, lo delicado del cargo para el que fueron electos, la importancia que tiene el Órgano Judicial para el buen funcionamiento de la democracia, e incluso la propia imagen, están dispuestos a cometer fraude y prevaricato a fin de favorecerse a sí mismos o a sus allegados.
El caso que motivó el anuncio de que presentaría renuncia irrevocable (no es lo mismo convocar a conferencia de prensa para anunciar que se hará tal cosa que mostrar una copia de la carta enviada a las autoridades), que se hará efectiva luego de que termine su vacación pagada, tiene origen semanas atrás, cuando se divulgaron audios en los que se escucha la voz del magistrado negociando una sentencia favorable para un acusado de feminicidio en Tarija, en un caso; y en otro anunciando la repartija “mita a mita” de puestos en el Órgano Judicial, e involucrando en el delito al presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Previsiblemente, el renunciante negó todas las acusaciones y anunció su decisión de apartarse del cargo para el que fue electo “en resguardo de la imagen de la institución y de mi familia”; pero intentó descargarse asegurando que el también exmagistrado Wílber Choque está detrás de la divulgación de los audios. Pues, según dice, lo extorsionaba para que le dé cinco ítems laborales y había amenazado con divulgar muchos otros audios comprometedores.
Da lo mismo si la versión del renunciante es cierta o no. El solo hecho de que esté expuesto a semejantes actos de chantaje y, peor aún, que existan los audios incriminantes, da cuenta de la profunda postración moral no del sistema de justicia en sí, sino de sus máximas autoridades, que cada día demuestran no estar preparadas para las responsabilidades que el cargo entraña, ni poseer la dignidad necesaria para desempeñar sus tareas.
Los lamentos y autocríticas de autoridades del Órgano Ejecutivo con respecto al estado de la Justicia son difíciles de aceptar; cuando la Asamblea Legislativa seleccionaba a las y los candidatos a las magistraturas del Judicial no disimularon su abierta injerencia en las decisiones, y el resultado fue que la ciudadanía se vio obligada a elegir entre males y peores. Hoy resulta difícil hasta decir que no se puede caer más bajo, pues cada nuevo caso parece peor. Curar a la Justicia es una tarea titánica, ¿habrá quien pueda realizarla?
