Con gran dolor y tristeza debo reconocer lo abrupto que me ha resultado escribir estas líneas, no solo por la problemática ambiental y la coyuntura política electoral que vive el país, sino principalmente por los incendios forestales descomunales que sufre el país desde principios de agosto, y que han destruido, de manera irreversible más allá de su capacidad de regeneración, gran parte de la biodiversidad del bosque seco chiquitano y de otros parques naturales de Bolivia.
Sin duda, el fuego, que ha arrasado más de 2,1 millones de hectáreas de bosques nacionales, ha causado aflicción, desazón e indignación entre la ciudadanía. Este desastre natural se explica en gran parte por la inmoral y vergonzosa alianza suscrita entre el Gobierno central y los agroindustriales del oriente del país, para ampliar la frontera agrícola a través de la deforestación, con el fin último de apuntalar la producción de biocombustibles y una mayor cantidad de carne bovina que será exportada a China, con el consecuente ingreso de divisas.
Lamentablemente, la ambición desmedida por incrementar la producción de soya, la ganadería, los biocombustibles (como el etanol y el biodiesel que requieren miles de hectáreas de caña de azúcar y soya) e, incluso, los cultivos de coca; así como los asentamientos y dotaciones ilegales de tierra en áreas forestales en favor de correligionarios del partido gobernante, son los factores que están alentado la destrucción criminal de nuestros bosques y pastizales.
No otra cosa puede deducirse de la promulgación del Decreto Supremo 3973 del 9 de julio del presente año, que modifica el Art. 5 del DS 26075 de 2001, que autoriza los desmontes y la “quema controlada” en predios privados y comunitarios para habilitar la frontera agrícola en el Beni. Y lo propio ocurre con la Ley 741 de 2015, que amplía el desmonte de cinco a 20 hectáreas; la Ley 1098 de 2018, que promueve el uso de aditivos de origen vegetal; la Ley 1171 de 2019, que autoriza el uso y manejo racional de quemas; y la Ley del Etanol de 2018.
Todas estas normas vulneran el régimen de protección y preservación de los recursos naturales establecido en la CPE, y se han convertido en auténticos “certificados de defunción” de los ecosistemas y de la biodiversidad de Bolivia. Además, transgreden el mandato constitucional de proteger y preservar la sostenibilidad del medio ambiente y las áreas protegidas, destinadas a la conservación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, a fin de garantizar la biodiversidad y los servicios ecológicos que proporcionan para beneficio de las sociedades y del resto del entorno. De allí que lo sucedido en la Chiquitanía y en otras regiones del país no sea un accidente, sino más bien una acción premeditada, impulsada por estas políticas públicas.
Lo cierto es que el discurso pachamamista del Gobierno, que se autoproclama defensor de la Madre Tierra, bien pude calificarse de hipócrita y mentiroso. Pues su accionar lo desmiente, evidenciando una vocación depredadora de la naturaleza que ha impulsado el mayor ecocidio de la historia del país, el cual, tarde o temprano, deberá ser juzgado. Irónicamente, hace cinco años, el Vicepresidente desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año, cifra que al presente se ha duplicado, en desmedro de bosques, pastizales y de miles de animales.
* Docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
