A 11 días de iniciado el paro indefinido de médicos y paramédicos, y con la explícita decisión de sus dirigentes de no negociar acuerdo alguno con el Gobierno ni reconocer la sentencia del TCP que prohíbe la huelga indefinida en el sector de salud, es evidente que la movilización tiene menos de legítima reivindicación que de interés político. En el camino, las y los pacientes pagan las consecuencias.
Es precisamente en nombre de las y los pacientes que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo, calificado por muchos como “tibio”, en el que se señala la vigencia del derecho a la protesta y a la huelga, pero también que ésta no puede ser indefinida en el caso de los trabajadores en salud, pues su labor está estrechamente vinculada con el derecho a la vida.
Es tan grave la situación en los servicios públicos de salud que las y los directores de los hospitales públicos de segundo y tercer nivel de todo el país salieron a pedir a sus colegas que hagan una pausa en su extrema medida de presión y se abran a dialogar con el Gobierno. La respuesta fue un frustrante no.
Los dirigentes del gremio médico, apoyados por los sindicatos de los salubristas, paramédicos y demás personal auxiliar, no solo se rehúsan a encontrar puntos de consenso con el Ejecutivo, sino que además han manifestado que no acatarán la decisión del TCP. Por donde se mire, hay una voluntad de causar daño político al Gobierno, usando a los pacientes como rehenes para tal efecto.
Es, pues, la situación de las y los pacientes de los servicios públicos de salud el verdadero problema detrás de la protesta de los médicos que se activó hace ya casi dos años; conflicto que no puede ser resuelto por falta de voluntad política y que se agrava paulatinamente al irse añadiendo nuevas demandas del gremio. Si antes fue el respeto a la jornada laboral de seis horas, hoy es, entre otros asuntos, la incorporación de los trabajadores del sector a la Ley General del Trabajo, donde, irónicamente, se establece la jornada laboral de ocho horas.
Los movilizados también demandan la institucionalización de los cargos en los servicios médicos, lo cual en rigor es complementario al derecho al trabajo; la abrogación de la ley que dispone construir nuevos hospitales para la Caja Nacional de Salud; la declaratoria del sector como “estratégico” a fin de suprimir el tope salarial; y la participación directa del sector en la elaboración del proyecto de Ley del Cáncer, que ya fue sancionado en la Asamblea Legislativa.
Por donde se mire, la dirigencia de médicos y paramédicos ha desvirtuado por completo el propósito y alcance de la protesta, al extremo que no es gracias al apoyo popular que se mantiene vigente. El resultado, al margen de los efectos políticos de corto plazo, será una profunda brecha entre prestadores y usuarios de los servicios públicos de medicina.
