Una y otra vez, personas dedicadas a estafar y extorsionar a otros evidencian las inmundicias y miserias que albergan en sus corazones. Estos individuos están a la caza de desgracias ajenas para obtener réditos económicos. Hablamos no solo de jueces, fiscales y abogados que se han especializado en extorsionar a quienes tienen la mala fortuna de caer en manos de la Justicia boliviana, o de médicos que hacen lo propio con sus pacientes; esta “práctica” también ocurre allende los tribunales y centros de salud. Por ejemplo, familiares de víctimas de trata y tráfico de personas suelen recibir llamadas de individuos que, aprovechándose de su dolor y desesperación, les ofrecen (a cambio de dinero, claro está) pistas y datos para dar con su paradero, pero que no conducen a ninguno lado.
Y ahora último, esta “práctica” se ha ampliado a personas cuyas mascotas se han extraviado. Las cuales, al igual que en el caso anterior, son contactadas por delincuentes que se enteran de la pérdida de sus perros o gatos a través de anuncios en los postes o en internet, y les solicitan dinero o recargas para móviles por su devolución o datos sobre su paradero.
Pero antes, para convencer a los dueños de que realmente tienen a sus mascotas, utilizan las redes sociales a fin de averiguar las características de los animales. Tomando en cuenta la presencia de estos delincuentes, hacen falta no solo operativos para detenerlos, sino también campañas que enseñen a los ciudadanos de a pie cómo reaccionar y adónde acudir en caso de ser contactados por individuos de esta calaña.
