En plena campaña para las elecciones generales, a menos de seis semanas de la votación, las organizaciones políticas se ven apremiadas a ocuparse, al mismo tiempo, de las venideras elecciones subnacionales previstas para marzo de 2020. Esta temporalidad compleja e intensa, casi concurrente, responde a plazos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
Los partidos políticos que hoy compiten por el voto están inmersos en elecciones, en rigor, desde octubre del año pasado, cuando por mandato de la LOP el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las primarias para binomios presidenciales. Estuvieron en ello hasta el 27 de enero de este año. Y poco después, ya con binomios en carrera, iniciaron labor de proselitismo para los comicios de octubre, pese a que la sustitución de algunos candidatos por renuncia dejó sin efecto el carácter vinculante de las primarias.
Luego de las primarias, los siete partidos políticos y las dos alianzas habilitadas para postular candidaturas iniciaron acciones con miras a los comicios. El proceso comenzó formalmente en mayo con su convocatoria. Y tuvo un momento de alta exigencia en julio con la definición interna de candidatos y candidatas para el Senado, la Cámara de Diputados y la representación ante organismos parlamentarios supraestatales. En julio, las fuerzas políticas presentaron también sus programas de gobierno.
En el presente, se supone que estamos en la fase más intensa de la campaña en espacios públicos, con la presencia de los candidatos proclamándose en diferentes territorios, promoviendo sus ofertas programáticas y solicitando el voto. Y pronto se iniciará el periodo habilitado por ley para la difusión de mensajes de propaganda electoral en medios de comunicación. Concentradas en tales afanes, las organizaciones políticas están conminadas a registrar sus alianzas subnacionales hasta fin de mes.
De manera específica, los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que quieran participar en alianza en los comicios departamentales y municipales, deben registrar sus acuerdos hasta el 30 de septiembre. Esta temporalidad, establecida por el TSE, ha sido cuestionada tanto por el oficialismo como, en especial, por la oposición. Para todos es un proceso “apresurado” y adverso, aunque asumen que “tendrán que cumplirlo”.
Más allá de las percepciones de los actores políticos, el plazo para las alianzas no responde a una arbitrariedad, sino a un mandato normativo. En su artículo 51, la LOP establece que las alianzas deben registrarse al menos 60 días antes de la convocatoria. Si las elecciones subnacionales se realizan en marzo de 2020, la convocatoria se hará a fines de noviembre próximo. Las alianzas, por tanto, deben definirse este mes. No parece viable construir acuerdos relevantes en un plazo tan corto.
