Se supone que las cárceles modernas han sido concebidas no solo para aislar a los criminales de la sociedad, sino también para promover su reinserción social, a través de diferentes políticas. Se trata de una condición básica para reducir los índices de criminalidad en un país y los gastos de manutención de los penales. A pesar de ello, en Bolivia esta aspiración está lejos de materializarse.
En efecto, si bien durante los últimos años se han impulsado algunas iniciativas estatales para cambiar este estado de cosas, como el Centro de Rehabilitación de Calahuma, aún resta mucho por hacer. Respecto a Calahuma, cabe recordar que este centro alberga a decenas de jóvenes de entre 16 y 21 años otrora inmersos en el mundo delincuencial del penal de San Pedro, recluidos por diferentes delitos. Pero ahora en aquel lugar pueden concluir su educación formal y recibir capacitación en diferentes oficios (como panadería, carpintería, artesanía e incluso agronomía). Además, en aquel centro también hay espacio para el deporte y el desarrollo espiritual.
Sin embargo, Calahuma no es la norma, sino la excepción, pues, como bien se sabe, en el resto de los penales reina la ley del más fuerte, los reos viven hacinados y los talleres de capacitación son casi inexistentes, al igual que los baños y las condiciones básicas para tener una buena calidad de vida. Conscientes de este déficit, semanas atrás la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia presentó una hoja de ruta para elaborar programas de rehabilitación en las cárceles.
Durante la presentación, Luisa Chipana Ubaras, experta en reforma penitenciaria de la UNODC, explicó que este instrumento fue desarrollado por expertos nacionales e internacionales con el propósito de contribuir a la reinserción social de los reclusos de una manera sostenible, “a partir de la educación, la formación profesional y el trabajo en los recintos penitenciarios, de acuerdo con la realidad de cada país”. Además, agregó que este manual ya fue socializado y entregado a cerca de 350 funcionarios penitenciarios, entre civiles y policías, así como a representantes de entidades públicas y privadas que trabajan en los principales penales del país.
Se trata sin duda de una iniciativa más que necesaria que ojalá sea considerada y, sobre todo, puesta en práctica por las autoridades de Régimen Penitenciario del país. Y es que, como antes se mencionó, para asegurarse de que las cárceles bolivianas dejen de ser las mejores escuelas para especializarse en el mundo de la delincuencia, necesariamente se les debe dar a los jóvenes (y no tan jóvenes) que se han criado bajo el amparo de la violencia una nueva oportunidad, a través de cursos y talleres que los alejen del mundo del crimen y favorezcan su inserción social; haciendo de paso a Bolivia un país más próspero y seguro.
