Luego de aceptar sin mayores reproches las demandas de Trump de frenar, o al menos atenuar, el flujo migratorio que se origina en Centroamérica, atraviesa territorio mexicano y culmina en EEUU, el Gobierno azteca decidió pasar a la ofensiva, exigiendo a Washington que, a cambio de sus esfuerzos en esta materia, adopte acciones para contrarrestar el tráfico de armas estadounidenses que terminan en manos de redes criminales asentadas en México y en otros países latinoamericanos.
Se trata sin duda de una demanda más que coherente y necesaria, que tradicionalmente ha sido obviada por las diferentes administraciones estadounidenses, a pesar de sus terribles impactos. Por ejemplo, según estimaciones del gobierno de López Obrador, cada mes ingresan a México de manera ilegal cerca de 17.000 armas (23 cada hora) procedentes de EEUU, las cuales son utilizadas para alimentar la ola de violencia y la sangría que asola el territorio mexicano y otras regiones de América Latina. Por caso, según datos de la Fiscalía de Chihuahua, el 90% de los homicidios registrados en Ciudad Juárez han sido cometidos con estas armas.
Por todo ello, si a Washington realmente le interesa contrarrestar la migración que se origina en países como El Salvador por causa, entre otros factores, de la violencia de las pandillas; el avance del narcotráfico o la trata y tráfico de personas, entre otros ilícitos, urgen mayores esfuerzos de su parte para contener este tráfico descontrolado de armas producidas en su territorio. El cual, dicho sea de paso, cuenta con el aval de la poderosa y nefasta Asociación Nacional del Rifle (NRA).
