En numerosas ocasiones se ha comentado en este mismo espacio sobre diversos aspectos del delito de contrabando, especialmente en lo referido a la actitud criminal de quienes se dedican al transporte ilícito de mercadería a través de las fronteras del país y de la violencia de la que son capaces. Lo más grave es que los contrabandistas tienen a su favor al sistema de Justicia Penal.
Así lo hizo saber días atrás el Viceministro de Lucha contra el Contrabando, al afirmar que los detenidos por el delito de contrabando recuperan su libertad 48 horas después de ser detenidos. La autoridad pidió endurecer la norma para que funcione como la Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, a fin de que fiscales y jueces actúen con la misma eficacia y celeridad.
La Ley 1053, de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando (del 25 de abril de 2018), incrementa los años de cárcel para los contrabandistas; en el Código Tributario solo se establecía una condena de tres a seis años, pero la norma de 2018 establece penas de ocho a 12 años de prisión cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a 200.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV), una cantidad cercana al medio millón de bolivianos.
Considerando que la citada ley posibilitó la construcción de puestos de avanzada en la frontera con Chile, a cargo de militares, algunos de los detenidos por el ilícito fueron descubiertos en flagrancia, lo cual podría facilitar el procesamiento. Sin embargo, a decir del viceministro, “ningún detenido está procesado hasta el momento”. En ese sentido, la autoridad anunció que ya se trabaja en ajustes a la normativa para acelerar los procesos contra las personas detenidas por la internación ilegal de mercadería.
Otro factor agravante que debiera ser tenido en cuenta a la hora de procesar a los contrabandistas es el uso de la violencia, que semanas atrás llegó a un punto dramático con el ataque a uno de los puestos de avanzada, y el constante uso de armas de fuego para repeler la acción de los militares responsables de resguardar la frontera.
Es evidente que en el esfuerzo de combatir la importación ilegal de mercadería deben participar más instituciones además de las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional; el asunto debería ser de mayor interés para el Servicio de Impuestos Nacionales, así como para el Ministerio de Desarrollo Productivo, responsable de favorecer la industria boliviana, principal afectada por este delito.
Toca, pues, que todo el Estado se haga responsable de la lucha contra el contrabando, pues el efecto que la importación ilegal de mercadería produce en la economía nacional tendrá un costo muy elevado en el mediano y largo plazos, sobre todo porque impide el desarrollo armónico de la capacidad productiva del país, posibilita la creación de fortunas mal habidas y distorsiona los mercados.
