En mis años como estudiante en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República (Uruguay), tuve la suerte de cursar Terminología, una materia optativa que pertenecía a la carrera de Bibliotecología. Allí recuerdo haber hecho un trabajo sobre neologismos. En ese momento nos pidieron estudiar las nuevas palabras que aparecían vinculadas a la informática, entre ellas muchos extranjerismos, como hardware, software, mouse, etc. Mucho más de una década después, y ya con los extranjerismos informáticos incorporados al lenguaje cotidiano, nos encontramos con neologismos en la política, entre ellos dos que están siendo las vedettes: fake news y lawfare.
El lawfare, según una muy precisa definición de Camila Vollenweider y Silvina Romano, es “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública, e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”.
El ejemplo más popular es sin duda el del expresidente brasileño Lula da Silva, encarcelado por el juez Sergio Moro, quien posteriormente terminó siendo ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, pero hay muchos otros ejemplos, algunos más publicitados que otros.
El lawfare es una herramienta utilizada fundamentalmente en América Latina, pero también se utiliza para atacar a políticos africanos y asiáticos. En Europa es menos popular, aunque el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha sido una de sus víctimas. “Antes nos hacían golpes (de Estado) o asesinaban, ahora también siguen haciéndolo, pero el lawfare es menos costoso”, dijo Mélenchon en su visita a Montevideo, en el marco de su gira latinoamericana, en la que se encuentra denunciando esta práctica de inhabilitación de actores políticos.
Sí, la persecución, el atosigamiento, la destrucción de la imagen y la reputación, la imposibilidad de competir democráticamente en elecciones o de asumir cargos públicos que sufren algunos actores políticos son un grave problema, pero esa solo es una arista; la otra, igual de importante, es la manipulación continua que padecen las ciudadanías, que son las verdaderas víctimas de acciones premeditadas por el sistema político y judicial; las cuales por lo general intentan cambiar, con base en estratagemas, una actitud electoral o al menos la percepción hacia un político.
El auge de las fake news y la implementación del lawfare como estrategia político-electoral están dañando enormemente la salud de las democracias latinoamericanas, o mundiales, si tomamos en cuenta lo que denuncia Mélenchon. Estas acciones, amplificadas irresponsablemente por algunos medios de comunicación, hacen crecer el descrédito del sistema político, lo cual empeora aún más el estado sanitario democrático.
Alertados sobre esta situación, todos debemos asumir las responsabilidades que nos tocan. Por un lado, el sistema político debe dotar a sus países de las herramientas necesarias para que las ciudadanías tengan las garantías suficientes de no sufrir manipulaciones electorales. Por otro, los medios de comunicación deben ser más rigurosos con la información que publican, no pelear por las primicias en procura de publicar primero, evitando caer o ser partícipes de trampas y operaciones políticas. Y finalmente, la Justicia debería algún día dejar de ser permeable al poder.
* Consultor en comunicación política y campañas electorales. Periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Ha asesorado a candidatos y colectivos progresistas en Uruguay, Chile, Francia y España.
