En estos últimos tiempos ha emergido la problemática de las lenguas como una obligatoriedad, y la discusión de este tema se centra en qué funcionarios públicos cumplen los requisitos establecidos en el Art. 5 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, si bien es adecuado comprobar si los funcionarios conocen por lo menos una de las lenguas originarias reconocidas en la CPE, se olvida analizar el sentido objetivo de la existencia de las lenguas. Al respecto, debe tenerse en cuenta tres puntos fundamentales: la caracterización del país en términos económicos y lingüísticos, la inconclusa construcción de la cuestión nacional y la existencia de diversas lenguas.
Bolivia es un país capitalista, atrasado, con una economía combinada que se concretiza en relaciones sociales y lingüísticas igualmente combinadas. El altiplano boliviano es una región dedicada en parte a la agricultura tradicional, impulsado en cierta medida por una economía especializada pujante y actividades de servicios que se ajustan a un idioma familiar y colectivista: el aymara. Según las normas internas de las comunidades, el aymara es la primera lengua y el castellano, la segunda, es decir, las relaciones de producción comunitarias no requieren del castellano para desarrollarse.
En los valles y algunas regiones del altiplano podemos observar varias comunidades y familias de habla quechua, en las que el sistema productivo ha privilegiado la producción de productos dulces como el maíz, el trigo y tubérculos que se ajustan al clima. A esta forma de organización productiva se ajusta un idioma dulce y elemental como es el quechua.
Una tercera región es la Amazonía y el oriente boliviano, donde están los guaraníes. Sin embargo, los pueblos indígenas son más diversos en su existencia, aunque los sistemas productivos de recolección, caza y pesca son dominantes en la economía, existe un variado repertorio de lenguas estructuradas según sus propias formas de organización productiva y social.
En su Art. 5, la Constitución señala la existencia de 36 lenguas en el país. En este abanico, ¿el castellano es el uniformizador de las actividades económicas, políticas, sociales, culturales y hasta simbólicas de los ciudadanos? Taxativamente afirmamos que no. Cada pueblo, nación o región tiene su lengua oficial que se articula con otras. En esa medida, la construcción de la identidad y el carácter nacionales como símbolos del Estado nacional fracasó y, por tanto, de la lengua nacional. Los gobernantes tuvieron la posibilidad de construir un Estado nacional, pero se enfrascaron en políticas discriminatorias y aniquiladoras de las lenguas originarias.
Asimismo, la existencia de una diversidad de lenguas en Bolivia genera una amplia gama de visiones, producto de la realidad social. Bajo esta perspectiva, las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos expresarán siempre las relaciones de producción comunitarias que, sin embargo, encuentran dificultades en la administración del Estado; a lo que se debe la obligatoriedad de conocerlas, lo que no implica la necesidad de los servidores públicos de hablar un idioma originario.
Creemos que bajo este análisis los conceptos de preservación y promoción de las lenguas no tienen sentido, porque no se puede preservar a las familias que viven en las comunidades indígenas originarias campesinas, y su lengua solamente es empleada para promover escenarios turísticos y fotográficos.
* Sociólogo.
