Alegando dudas técnicas y, sobre todo, requisitos legales sobre financiamiento, el TSE declaró “no válida” la encuesta electoral elaborada el mes pasado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y sus aliados. Aunque todavía no se autoriza la difusión de tal estudio, la segunda encuesta del grupo ya está en camino. El polémico episodio interpela la norma y expone la debilidad institucional.
Los hechos son conocidos. En gran acto público, la UMSA, la Fundación Jubileo y otros socios menores anunciaron una interesante iniciativa de acompañamiento electoral denominada “Tu voto cuenta”. Como parte de su labor harían la encuesta de intención de voto “más grande” del país. No es para menos. En una tradición de encuestas con muestras de 800 a 4.000 casos, se anunció un estudio con más de 14.000 casos. Estaban previstas dos encuestas preelectorales y un conteo rápido el día de la votación.
Hasta ahí todo bien. La UMSA, en su condición de institución académica, se registró y fue habilitada por el TSE para la elaboración de estudios de opinión en materia electoral para fines de difusión. Las encuestas serían realizadas con recursos provistos por la Fundación Jubileo. Al momento de anunciar la iniciativa, hubo silencio sobre las fuentes de financiamiento. Ante la exigencia del TSE sobre este asunto, se reveló que el dinero provenía de Estados Unidos y de tres países europeos.
Un día antes de la anunciada difusión de datos de la encuesta, el TSE mandó una carta a la UMSA solicitando información sobre algunos aspectos técnicos (como los elevados márgenes de error) y aclaración sobre quiénes financiaron el estudio. Sin esperar la definición del organismo electoral, el canal universitario difundió los datos, que circularon ampliamente en las redes sociales. Con la excepción de una agencia informativa y una radio marginal, todos los medios de comunicación se abstuvieron de publicar los resultados del sondeo.
Demás está decir que la decisión del TSE de declarar no válida la encuesta generó fuertes críticas, en especial desde el campo de la oposición. Se habló primero de veto y luego, sin matices, de censura inconstitucional. Ya pronto habrá pasado un mes del hecho y las autoridades electorales siguen sin pronunciarse. En respuesta a este silencio institucional, la UMSA anunció que ya está elaborando su segunda encuesta electoral, que podría seguir el mismo camino de invalidez y circulación en las redes.
Más allá de cómo y cuándo haya resolución del TSE al respecto, el episodio expone con claridad tres cosas preocupantes. La primera es que la norma, por falta de claridad y excesivas sanciones, puede dar lugar a la discrecionalidad en su cumplimiento. La segunda es la evidente debilidad del organismo electoral, sumada a lentitud decisoria y contradicciones internas. Y la tercera es que algunas reglas aplicadas con criterio político pueden vulnerar derechos constitucionales. Es necesario debatirlo.
