Según señala el Reporte Global de Tráfico de Personas 2018, elaborado por la ONUDC y presentado días atrás, entre 2014 y 2017 se iniciaron en Bolivia 2.262 procesos por el delito de trata y tráfico de personas. De este total, únicamente 52 personas (22 mujeres y 30 varones) fueron sentenciadas; es decir, el 2,3% de los acusados. Estos datos ponen de relieve uno de los principales factores que impide avanzar en la lucha contra este macabro delito. Nos referimos a la indolencia y corrupción que impera en el sistema judicial del país. El cual, como bien se sabe, “funciona” solamente en favor de aquellos que cuentan con el tiempo y los recursos para hacer andar sus corridos engranajes.
En el caso de la trata y tráfico de personas, se sabe que Bolivia es un país de origen, tránsito y destino de este ilícito, y que las principales víctimas son niñas, niños y adolescentes de ambos sexos, ya que el 73% de los casos abiertos por la Fiscalía en el periodo mencionado corresponde a ese rango de edad. Como es de suponer, el amor al dinero es el principal motor de este flagelo, que genera cerca de $us 35.000 millones al año, según datos de la ONU. De allí que aquellos que se encuentran inmersos en esta terrible “industria” cuentan con los recursos necesarios para comprar consciencias y favores en todos los niveles.
Por ello, urgen mayores esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad institucional del sistema judicial, y en particular de las unidades especializadas concebidas para combatir este siniestro negocio, que se ve alentado por la impunidad en la que operan las redes criminales.
