En marzo, el abogado Jhasmani Torrico acaparó la atención de la opinión pública por su particular forma de cobrar deudas (con agresiones físicas y amenazas a los deudores), la cual fue puesta en evidencia gracias a la difusión de videos filmados por gente de su entorno mientras “trabajaba”. Tras la revelación de estos hechos, el “abogado torturador” (nombre que adquirió en las redes) fue detenido, acusado de varios delitos. Y a los pocos días su situación se complicó luego de que denunciase la existencia de un consorcio de jueces, fiscales y policías que supuestamente él lideraba, especializado en extorsionar a las personas.
Desde entonces, Torrico ha permanecido tras las rejas con detención preventiva. Periodo en el cual ha denunciado que el fiscal a cargo de su proceso le negó en reiteradas oportunidades un permiso para recibir un tratamiento especializado en su pierna derecha, cuyo tobillo se había fracturado. Sin que su pedido fuese aceptado, en días recientes se conoció que finalmente su extremidad inferior tendrá que ser amputada de manera parcial, ya que se le habría complicado y le estaría causando mucho dolor.
Más allá de las simpatías o antipatías —sobre todo— que este personaje pueda generar, es responsabilidad de las autoridades judiciales garantizar el derecho a la salud tanto de Torrico como del resto de los internos. Cosa que sin embargo no sucede, como pone en evidencia el ejemplo mencionado. Y no solamente en materia de salud, sino también con muchos otros derechos, empezando por el derecho al debido proceso y a vivir de manera digna en los penales.
