Luego de una jornada electoral altamente participativa, pacífica y ordenada, con gente cuidando el voto en las mesas de sufragio, hemos pasado rápidamente en el país a un escenario de confrontación y violencia. Aunque todavía no hay un resultado oficial, el candidato de Comunidad Ciudadana exige segunda vuelta, y el presidente Morales reivindica su victoria en las urnas. No hay acuerdo posible.
Si bien los comicios del domingo se realizaron con algunos cuestionamientos de legitimidad (habilitación del binomio del MAS y alta desconfianza en el TSE, entre otros aspectos), ocho fuerzas políticas de la oposición avalaron el proceso con su participación en la votación más competitiva desde 2005. Resulta por ello poco democrático que hoy condicionen el reconocimiento del resultado a la obligatoriedad de que haya segunda vuelta, arguyendo para ello el discurso del “fraude”.
Ese guion desde el campo de la oposición ya había sido anticipado en los cabildos departamentales previos a la elección: si gana Evo Morales, la votación será “fraudulenta”. A ello contribuyó la funesta e imperdonable decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender el domingo en la noche la difusión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), luego de un primer reporte al 83,85% de las actas verificadas. El hecho puso en cuestión al propio TREP y sus datos preliminares.
Lo cierto es que estamos en un escenario de polarización postelectoral sin ningún puente, hasta ahora, para una salida concertada. Carlos Mesa (CC) se apresuró al declarar la segunda vuelta y ahora, con esa premisa inamovible, convoca a una “movilización permanente” de la oposición, incluidos rupturistas. El presidente Morales también se apresuró al proclamar su victoria y ahora, tras denunciar un intento de golpe de Estado, convoca a movilizarse para defender la democracia. Parece un choque de trenes.
En medio de ello, la Misión de Observación Electoral de la OEA, en lugar de actuar con mesura y equidistancia, emitió un comunicado poniendo en duda los resultados preliminares y anunciando un informe “con recomendaciones de cara a una segunda vuelta” (sic). Ese posicionamiento prematuro e irresponsable, sin esperar resultados oficiales, además de alentar el conflicto, pone en entredicho la “auditoría al cómputo oficial de votos” solicitada por el Estado boliviano, que la OEA plantea como “vinculante”.
A la espera de que concluya el cómputo definitivo de votos, obstaculizado por la quema de instalaciones de los tribunales electorales departamentales, es importante que, en lugar de demostraciones de fuerza en las calles, tanto el oficialismo como la oposición (hoy encabezada por el candidato Mesa) hagan esfuerzos por pacificar el país. La democracia, la estabilidad política, la convivencia social, la estabilidad económica no pueden ser rehenes de consignas autoritarias que no respeten el voto.
