Estos días, Bolivia ha entrado en una espiral muy peligrosa de definiciones. La OEA está elaborando una auditoría técnica al proceso electoral y emitirá su informe específico. Paralelamente, su Misión de Observadores Electorales (MOE), que estuvo en el país durante las elecciones, presentará su informe definitivo al respecto. El informe preliminar de la MOE, que reveló irregularidades en el proceso y propuso soluciones de necesario consenso (“concluido el cómputo, [aunque] el margen de diferencia sea superior al 10% […] continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”), fue de común aprobación opositora e internacional. Y el gobierno del MAS, presionado en ese momento sobre todo por el impacto exterior, solicitó la auditoría técnica, de la que Comunidad Ciudadana (CC), la agrupación opositora mayoritariamente votada, no participa, porque, argumenta, no se respetaron sus observaciones.
El miércoles 23 de octubre comenzó el paro cívico nacional. El día anterior se había consolidado la Coordinadora en Defensa de la Democracia, que agrupaba a Comunidad Ciudadana, a la alianza Bolivia Dice No, al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y a comités cívicos, entre otros. En ese momento, la consigna común era ir al balotaje, siguiendo el informe preliminar de la MOE. Poco después, la unidad alrededor de la segunda vuelta se fracturó, unos a favor de nuevas elecciones y otros (Conade y los líderes de los comités cívicos) con la consigna “Ni Evo ni Mesa”, y un ultimátum de 48 horas para la salida del actual Gobierno (el cual anoche venció). También hubo algunos pedidos opositores de intervención de las FFAA, lo que “justificaría” a sectores afiebrados del Gobierno.
Desde “la otra acera”, la del oficialismo, el MAS ha llamado a sus movimientos sociales a defenderlo (no olvidemos que cerca de la mitad de los electores votaron por Evo Morales). Simultáneamente, circulan miles de noticias falsedades y alarmas (no exentas de racismo y xenofobia) que solo han enturbiado a la población.
Coincido con Henry Oporto, quien en un artículo publicado en Brújula Digital se pregunta “¿A dónde conduce la radicalización en la protesta ciudadana?”. Y responde que solo un sincero gran acuerdo nacional puede evitar enfrentamientos fratricidas. Es la misma posición de El Deber (El peligro de las posiciones extremas) y de Juan Cristóbal Soruco (Entre democracia y mi democracia, Los Tiempos).
El origen de la discordia fue el desconocimiento de los resultados vinculantes del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F). A partir de allí, todo lo demás: la sentencia TCP 0084/2017, la LOP (1096/2018), las primarias cerradas (precipitadas un quinquenio solo para justificar la inscripción del binomio inhabilitado), la imposibilidad de la unidad opositora (al margen de responsables), una larguísima campaña electoral (desde la convocatoria a primarias: un año y un día), un permanente favoritismo del Órgano Electoral al oficialismo y, a la postre, su inesperado silencio de 23 horas en dar avances electorales, detonante final de la crisis.
Hoy, más allá de oportunismos extremistas, la legalidad vigente da punteros a Morales y a Carlos Mesa. Y éste, favorecido al final de la campaña por una conminatoria estrategia del “voto útil”), apuesta por nuevas elecciones con un renovado Órgano Electoral.
Quizás cuando el presente artículo salga publicado (este martes), una veintena de horas después de entregado, ya sea “papel mojado”, pero es la hora de “(…) llamar a la razón cuando la pasión está tomando cuenta de todos nuestros sentidos”, en palabras de Maggy Talavera (A ponerle razón a la pasión, El Deber). Como Soruco decía en su columna, es “el riesgo de que la realidad desmienta lo que se escribe 24 horas antes”, pero lo peor es quedarse callado. Dios provea.
* Analista y consultor político.
