Un avance civilizatorio fundamental fue la separación entre el Estado y la Iglesia, entre el poder político y el poder eclesial, entre gobernantes y prelados. Ello se expresa en el principio fundamental establecido en el Art. 4 de nuestra Constitución Política, el cual señala que “el Estado es independiente de la religión”. Es fundamental, pues, reafirmar el Estado laico.
Si bien el Estado debe respetar y garantizar las libertades de religión, de creencias espirituales y de cosmovisiones de cada persona, está claro que ninguna organización o confesión religiosa puede intervenir en los órganos del poder público, ni menos condicionarlos. La estructura y funcionamiento de un Estado se sustenta en normas, no en creencias religiosas o actos de fe.
En el actual escenario de crisis y conflicto postelectoral, la religión ha adquirido un lugar preponderante en el discurso y escenificación del líder del comité cívico cruceño. Y no solo porque haga orar a sus seguidores en los cabildos o su acompañante cargue una Virgen, sino porque todo su accionar político está sustentado en la lógica de “cruzada” en nombre de Dios.
La historia enseña que el fundamentalismo religioso, en lugar de promover convivencia, provoca guerra contra los “infieles”. Por ello es peligroso que la actual crisis política en el país tenga como consigna, desde algunas voces, que “la Biblia vuelva a Palacio” (sic). Un Estado democrático de derecho, lejos de la teocracia, se rige por la Constitución y no por “sagradas escrituras”.
