Tal vez en este momento el único interés común que nos cohesiona como sociedad es el temor compartido a una escalada de violencia, que desencadene una guerra civil con consecuencias humanas significativas. Evitar esa pesadilla es la principal responsabilidad de los actores políticos, quienes necesitan establecer un acuerdo entre el actual Gobierno (y sus diversas facciones) y el Movimiento al Socialismo (en su componente parlamentario y sus diversas fuerzas sociales).
Llegar a ese acuerdo implica aceptar dos constataciones complejas: el MAS tiene que admitir su derrota y el Gobierno debe comprender que necesita convivir con este partido en el campo político. Las señales de las facciones más duras de ambos oponentes no están dispuestas a reconocer esto y, por ello, comprobamos bloqueos constantes en el camino a la pacificación. Por una parte, el expresidente Evo Morales debe declinar abiertamente su intención de participar de las próximas elecciones y, por otra, el Gobierno necesita bajar el tono de revancha, amenaza de proscripción y cárcel.
Necesitamos un acuerdo nacional porque no podemos pensar en un proceso de pacificación con el Ejército en las calles, cientos de detenidos y la amenaza de cerco a las ciudades con bloqueo de caminos. La agenda de este acuerdo político requiere al menos considerar tres puntos. El primero tiene que ver con sacar de la agenda la posibilidad de proscribir al MAS como fuerza política en las próximas elecciones. En esto, la presidenta Jeanine Áñez dio el primer paso, al declarar que el Movimiento al Socialismo “tiene derecho de participar en elecciones generales”, a tiempo de recomendar “que vaya buscando candidato”. Esto implica refrenar la caza de brujas convocada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y secundada por el diputado Tomás Monasterio, permitiendo que el MAS logre recomponerse de sus fisuras internas y se permita pensar más allá de Evo Morales.
El segundo acuerdo pasa por trasladar a la Asamblea Legislativa la legitimidad del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la convocatoria a nuevas elecciones. Esta tarea tiene el titánico desafío de encontrar personas de consenso que devuelvan la confianza a la población. Los notables no solo deben ser íntegros, sino contar con suficiente experiencia en los temas electorales como para organizar una elección en tiempo récord. Seguramente se nos ocurren muy pocos nombres con estas virtudes, pero es indudable que podremos encontrarlos.
El mayor riesgo es pasar de un TSE acusado de ser masista a un tribunal sospechoso de favorecer al actual Gobierno, en un clima donde cualquier detalle nos despierta sospechas. Seguramente este acuerdo será establecido en la mesa de diálogo entre Gobierno y oposición, y podrá ser refrendado posteriormente en la Asamblea Legislativa, evitando así que los dos tercios de la composición de las cámaras desequilibren las condiciones del acuerdo. En ese sentido, la convocatoria a elecciones también debe provenir de la Asamblea para despejar cualquier duda sobre su legitimidad. Un decreto supremo puede parecer a algunos un camino más expedito, pero a la larga no tiene la misma validez que un acuerdo amplio.
Por último, pero no menos importante, es necesario acordar los procedimientos que garanticen una competencia electoral equitativa, transparente y libre de violencia política; que pueda ser desarrollada por todos los candidatos en todo el territorio nacional con resultados que serán respetados por los actores políticos y sociales. Solo así garantizaremos que el esfuerzo de un nuevo proceso electoral tendrá resultados legítimos que permitan una gobernanza estable. Bolivia, más que nunca, requiere retomar la sensatez como acción política de todos los actores.
Lourdes Montero
es cientista social.
