Por mandato constitucional, en casos de crisis que derivan en sucesión presidencial, como la que atraviesa actualmente el país, se debe convocar a elecciones “en el plazo máximo de 90 días”. Esa es la prioridad mayor en este momento. Y a ello deben contribuir todos los actores relevantes, empezando por el Gobierno provisorio, así como la dirigencia y los asambleístas del hoy opositor MAS.
Se ha instalado un falso debate entre quienes sostienen que para realizar elecciones, primero debe pacificarse el país (o lo que ello signifique). En la otra vereda están quienes creen que la sola convocatoria bastará para que el país entre en “modo electoral”. La cuestión es más compleja. En procesos de negociación y construcción de acuerdos, es necesario que todas las variables sean consideradas al mismo tiempo, con señales oportunas. En ningún caso cabe un camino unilateral para “derrotar al otro”.
En el marco de la legislación vigente, la convocatoria a nuevas elecciones requiere una norma específica que, dado el contexto excepcional, reforme o deje en suspenso varios artículos de al menos tres leyes: del Órgano Electoral Plurinacional, del Régimen Electoral y de Organizaciones Políticas. Ello implica ajustar plazos, requisitos y procedimientos a fin de viabilizar rápidamente la recomposición de la institucionalidad electoral, anular los comicios del 20 de octubre y convocar otros.
Una premisa fundamental de esta salida pacífica, democrática y constitucional a la actual crisis social y político-institucional es que la ruta electoral sea resultado de un acuerdo amplio entre todos los actores relevantes: sin vetos ni chantaje ni maximalismos. Hay dos tentaciones peligrosas y, por tanto, inaceptables. La primera es que la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa designe vocales a su gusto y convoque por ley a unas elecciones amañadas. La otra tentación es hacer lo mismo por decreto.
La salida electoral, que de suyo tiene complejidad técnica, requiere no solo voluntad política, sino también acciones concretas. Como bien recordó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, ello fue posible en la crisis de 2005, porque hubo diálogo, renunciamientos y consenso político que permitieron un conjunto de acuerdos “por el bien mayor: celebrar elecciones y preservar la democracia”. Hoy habrá que añadir que el acuerdo es fundamental también para preservar el derecho humano a la vida.
Dado el dramático contexto, con movilizaciones sociales alentadas por el MAS y operativos policiales-militares que conducen a la imperdonable e injustificable pérdida de vidas, el tiempo político es esencial. La negociación y construcción de acuerdos, con el acompañamiento de los mediadores (en especial de la equidistante ONU), debe ser inmediata y expedita. También deben serlo la designación de los vocales electorales, la convocatoria a elecciones y su realización misma, en plazos mínimos técnicamente sostenibles.
