Coincidiendo con lo augurado ayer en este mismo espacio, en sus diferentes instancias, la Asamblea Legislativa consideró y aprobó en tiempo récord la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, que fue finalmente promulgada por la presidenta interina, Jeanine Áñez, ayer por la mañana. La población votante volverá a las urnas máximo en 140 días.
En el acto de promulgación de esta ley, con mandato único, Áñez hizo referencia a los estribillos que durante cuatro semanas tuvieron a una parte de la población activa y movilizada en las calles demandando, primero, una nueva votación y luego, la renuncia del presidente Evo Morales. Además, aseguró que la norma “no ha sido negociada por un grupo de políticos que protegen sus intereses”.
Es de esperar que este espíritu prevalezca durante los próximos meses hasta la transmisión de mando. Lo que implica necesariamente ejercer una actitud vigilante, de tal manera que logre evitar que sus colaboradores caigan en las tentaciones que el poder ofrece a quien tiene una agenda llena de objetivos personales o grupales.
Respecto a las disposiciones para recorrer el camino hasta la nueva elección, además de lo establecido en el artículo 19 (que prohíbe explícitamente una tercera postulación consecutiva a cualquier cargo electo), cabe destacar lo ajustado de los plazos. Aspecto que sin duda debería ser bien visto por la expectante opinión pública, pero que al mismo tiempo demandará un esfuerzo extraordinario de las y los nuevos vocales electorales, quienes deben ser electos y posesionados en los próximos 20 días.
El derrotero de los 120 días que deben transcurrir entre la posesión de los vocales electorales y la realización del verificativo incluye abrir el padrón electoral durante siete días, a fin de inscribir a quienes cumplan 18 años hasta el día de la nueva votación, y elimina los plazos para varios trámites que incluyen la conformación de nuevos partidos o nuevas alianzas.
También autoriza de manera extraordinaria la contratación de bienes y servicios de manera directa; e instruye a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) la entrega de inmuebles a los tribunales electorales que requieran un espacio donde trabajar, pues las oficinas de estas reparticiones fueron incendiadas.
La presencia de la presidenta de la Cámara de Senadores, representante del MAS, en el acto de promulgación de la norma ha brindado una poderosa imagen de unidad. Resta ver, en las próximas horas, quiénes serán los vocales electorales elegidos para conducir el nuevo proceso electoral, y que deberán permanecer en el puesto durante los próximos seis años. En esta ocasión no hay margen para equivocarse en la selección de personas verdaderamente notables.
