N o todas las muertes de los últimos conflictos duelen a todos, lamentablemente. Desde el comienzo de la crisis postelectoral, datos de varias instituciones de derechos humanos del país certifican que hubo 32 fallecimientos, la mayoría de ellos tras la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la convulsión social y política en el país.
Todas las muertes duelen, por la forma que ocurrieron cuando pudieron evitarse en el disenso político, por los deudos que dejan y por la miseria de país que develan, que no resuelve sus crisis sino con la previa fatalidad de la pérdida de vidas humanas.
A las 32 víctimas fatales se sumó una más el domingo reciente, un universitario que había sido gravemente herido en la refriega en Senkata el martes 19 de noviembre. Son 33 muertes, 30 de las cuales ocurrieron luego de la renuncia de Evo Morales y, ahora, 18 después del Decreto Supremo 4078, del 15 de noviembre, que libra de penalidades a las Fuerzas Armadas, según develó el suplemento dominical Animal Político de La Razón con datos del Defensor del Pueblo, el Centro de Documentación en Información Bolivia (Cedib) y organizaciones de derechos humanos.
De ellos, nueve cocaleros en Huayllani (Sacaba, Cochabamba) y nueve en Senkata, en el Distrito 8 de El Alto.
Son cifras trágicas, el peor saldo de la transición forzada de gobierno. Cifras que causan indolencia en algunos.
Si bien las primeras tres muertes no ocurrieron debido a las acciones de las fuerzas del Estado (dos por disparo de armas de gente presuntamente vinculada al MAS en Montero y una por una presunta manipulación civil de armamento en Cochabamba), tanto la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas de entonces se manifestaron en sentido de que no estaban dispuestos a disparar “contra el pueblo”.
Pero lamentablemente la mayoría de los siguientes casos ocurrió coincidentemente en medio de los operativos conjuntos. Y el Gobierno hizo los esfuerzos por justificar esas muertes en razón de la presunta incursión de grupos irregulares “promovidas” por Morales y por fuerzas externas.
En esa línea, sobre los dos hechos trágicos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insistió en señalar que “la gente se está matando entre ellos”. Y su colega de Defensa, Fernando López, dijo la noche aciaga de las muertes en Senkata que “del Ejército no salió un solo proyectil”.
Hasta algunos medios de información. A diferencia de los grandes titulares sobre las primeras tres muertes de la crisis, las últimas no tuvieron fuerza en los titulares, al punto de remitirse a otros hechos con un además “se reporta muertes”.
Ante esto, por ejemplo, muchos manifestantes cocaleros y ciudadanos de El Alto cuestionaron el papel de la prensa sobre el manejo de esa información, y la tuitera @patriciamireya fue muy reflexiva: “Prensa, perfectamente se puede condenar a Evo y su gobierno sin invisibilizar a los muertos a la fecha, al abuso de la Policía, al autoritarismo de este gobierno, ¿Es miedo?”.
Entre los políticos también hubo indolencia. Carlos Mesa expresó en Twitter sus condolencias sobre las tres primeras víctimas, de las que culpó al MAS, y no así por los fallecidos de Senkata. El líder cívico Fernando Camacho rezó y declaró héroes de la democracia a los tres primeros muertos y no dijo nada de los demás.
La presidenta Jeanine Áñez lloró dos veces antes de su asunción sobre los tres primeros muertos y el jueves expresó sus condolencias a las familias dolientes.
Quizás en el fuero interno muchos mascullan los dolores, pero en la triste división del país la indolencia es más visible. Eso duele también. Duele el país.
* Periodista.
