La aprobación de los reglamentos para la designación de vocales electorales en la Asamblea Legislativa Plurinacional constituye un nuevo hito en la compleja agenda electoral de 2020 en Bolivia. Persisten, empero, algunos retos e incertidumbres. El camino está lejos todavía de haberse despejado. Es imprescindible garantizar también el respeto pleno a los derechos humanos.
La aprobación por unanimidad, la semana pasada, de la ley extraordinaria para encaminar las elecciones generales y la recomposición del Órgano Electoral, marcó un punto alto en la concertación política en un momento de crisis. Fue fundamental el acompañamiento de un organismo equilibrado como Naciones Unidas. El nuevo paso destacable es la aprobación, también por unanimidad, de la reglamentación para la pronta designación de vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales.
Pese a estos avances, quedan algunos escollos en el camino. El primero es precisamente la selección de seis vocales nacionales y 36 vocales departamentales en menos de tres semanas, en distintas fases e instancias. Preocupa en especial la conformación de ternas en las asambleas departamentales, que deben ser enviadas a la Cámara de Diputados. Los antecedentes al respecto no son los mejores. Las nuevas autoridades deberán asumir la administración de una elección apenas 48 horas después de su posesión.
Por otra parte, de manera previa a la convocatoria de los comicios por cuenta del TSE, debe realizarse la planificación operativa como base para el requerimiento y asignación presupuestaria. Además de aprobar el calendario de 120 días, los vocales nacionales deberán elaborar, ajustar y/o asumir más de una decena de reglamentos vigentes para los comicios de octubre. Y deberá estar lista toda la logística requerida para el empadronamiento masivo como una de las primeras actividades del calendario.
Según los plazos establecidos en la ley extraordinaria, que son ajustados pero técnicamente razonables, las elecciones generales se realizarán en abril. Ello plantea otra complicación sobre la cual empieza a hablarse. Como la gestión de la presidencia provisoria y de la Asamblea Legislativa electa el 2014 concluye constitucionalmente el próximo 22 de enero, será necesaria una disposición constitucional para decidir acerca de la prórroga o no de esos mandatos. La transición puede prolongarse.
Existe incertidumbre también acerca de las elecciones subnacionales, cuya realización estaba prevista para marzo de 2020. Por razones políticas y técnicas, parece muy difícil que se efectúen de manera simultánea a los comicios presidenciales. Ello implica su postergación y la correspondiente prórroga de mandato a nivel departamental, regional y local. Y claro que ninguna convocatoria a elecciones es posible mientras los militares no estén en sus cuarteles y persista la hoy inaceptable persecución política.
