Mantener el funcionamiento básico del Estado mientras se organiza un nuevo proceso electoral debería ser uno de los objetivos centrales del Gobierno transitorio. Lograrlo precisa de cierta claridad en las nuevas autoridades acerca de lo que es posible cambiar y lo que se debe mantener, en términos de políticas públicas durante un periodo de apenas seis meses.
La administración del Estado es una cuestión compleja que no depende únicamente del voluntarismo de los decisores políticos, sino también de una adecuada combinación de objetivos razonables; una lectura adecuada del contexto burocrático en el que se desenvuelve la gestión pública; y el empleo inteligente de los recursos humanos, técnicos y financieros con los que se puede contar.
La naturaleza de un Gobierno transitorio, como el que actualmente dirige la nación, plantea igualmente desafíos específicos que no se pueden soslayar. En primer lugar, por el tiempo breve con el que cuenta la nueva administración para desplegar sus acciones; y en segundo lugar, por la ausencia de un mandato y una coalición política sólidas, necesarias para transformar radicalmente muchas políticas públicas, aunque esto sea urgente.
Hay que recordar que el principal propósito del actual Gobierno consiste en impulsar un proceso electoral transparente, pluralista y libre, que resuelva la profunda crisis política que enfrenta el país. Naturalmente, este fin también implica ciertas líneas básicas de acción complementarias, como mantener la estabilidad macroeconómica, reforzar la seguridad de los ciudadanos o evitar el deterioro de los servicios públicos.
Es más discutible que en este corto periodo se pretenda realizar transformaciones profundas en las políticas públicas por razones prácticas y de legitimidad. Sobre todo no hay que subestimar la complejidad de la gestión de un Estado que tiene inercias acumuladas durante 14 años. Por tanto, no basta con nombrar nuevas autoridades para empezar el cambio; es crucial comprender que hay sistemas y procesos burocráticos que restringirán muchas decisiones.
Entender los vericuetos de la administración puede llevar tranquilamente dos o tres meses. Después de lo cual, a la actual administración le quedará, en la práctica, otro par de meses más para desarrollar acciones antes de entregar el poder a otros gestores. En consecuencia, sería recomendable que el Gobierno transitorio asuma esta fase con realismo y pragmatismo. Es decir, eligiendo las iniciativas en política pública esenciales para su misión principal y concentrando sus mayores esfuerzos en esas prioridades. Por ejemplo, parece obvio que garantizar la estabilidad económica pasa por mantener niveles mínimos de inversión pública en el corto plazo. Para lo cual no queda otra opción que dar continuidad a mucho de lo ya planificado, aunque tal vez con más eficiencia administrativa.
