Al día siguiente de la posesión de las y los vocales del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 19 de diciembre, se promulgó la Ley 1268, que modifica la Ley de Régimen Electoral y Transitorio para la realización de elecciones generales este año. Esta norma amplía el plazo para que el TSE convoque a las mencionadas elecciones de 2 a 10 días hábiles desde la posesión de la nueva Sala Plena. Tomando en cuenta la coyuntura que vive el país, es relevante considerar que esta ley constituyó el punto de partida de un largo y complejo proceso de pacificación (para nada concluido).
Los 10 días hábiles que la norma otorga al TSE para convocar a elecciones se cumplen el 6 de enero, por lo que es de esperar que iniciemos la siguiente semana con esta noticia. Además de ello, la mencionada Ley de Régimen Electoral Transitorio establece que desde la convocatoria pueden pasar como máximo 120 días calendario hasta el día de la votación. Siguiendo estos cálculos y considerando que las justas electorales se realizan los domingos, las elecciones generales podrían realizarse el 3 de mayo o antes, de ninguna manera después.
Luego, esta norma establece, también de manera excepcional, la realización de una posible segunda vuelta 45 días después de la votación; con lo cual el balotaje podría programarse para el 13 de junio. La repetición de mesas observadas, el cómputo de votos y la entrega de credenciales también están establecidos en esta norma y son breves. Lo que nos lleva a concluir que, en cumplimiento de este marco normativo, podría elegirse un nuevo gobierno electo democráticamente los primeros días de julio, y que podría entrar en vigencia el 6 de agosto.
El TSE debe ser uno de los principales garantes para cumplir lo establecido en esta normativa tan compleja, que durante los álgidos momentos políticos de 2019 permitió abrir el camino para dirigirnos a las urnas. De tal manera que sea la voluntad electoral de los bolivianos, a través de nuestros representantes, la que configure un nuevo panorama político, capaz de sanar las heridas que han erosionado profundamente nuestra democracia.
No se trata de un tema que involucre solamente fechas, como las ensayadas acá, sino que las condiciones para implementar todo el calendario electoral deben ser lo más idóneas posibles, tanto para quienes van a gestionar el proceso desde el TSE y los TED, como para los candidatos y, cómo no, para la ciudadanía que buscará manifestar y debatir libremente sus ideas. Esperamos con ansias que el 6 de enero se abra un periodo electoral que será complejo pero que debiera establecer suficientes garantías para estas elecciones. Este inicio del camino de la restitución democrática por las urnas será el mejor regalo de inicio de año que podamos tener.
* Comunicadora. Twitter: @verokamchatka
