La historia suele ser irónica. La lucha de muchos años por conservar la democracia boliviana puede terminar obteniendo lo contrario: un debilitamiento aún mayor o, incluso, su derrota. Algunos leerán con asombro el anterior párrafo, si es que todavía leen artículos críticos sobre la realidad boliviana. Por alguna razón, los escritores y los lectores del momento tienden a creer que la salida de Evo Morales del poder ha finalizado la historia del país. Para ellos, vivimos “el mejor mundo posible” y cada día el sol sale varias veces.
Los hechos, sin embargo, son tozudos. Hoy varios bolivianos están siendo procesados por delitos de opinión, en flagrante afrenta a las garantías constitucionales. A unos se les reclama judicialmente por su “animadversión contra el Gobierno”; a otros, por “llamar a la violencia”, no por cometerla.
Perseguir la opinión, así sea una opinión extremista, no es democrático y no es legal, pero ahora se legaliza porque no lo realiza otra institución que la “Justicia”, convertida en instrumento de represión del Gobierno y de “cierre de ciclo”.
¿Hay democracia cuando no es posible expresarse libremente, por miedo a la sanción del Estado? Que respondan los profesores universitarios de alguna de estas personas que están siendo perseguidas por sus opiniones, los mismos profesores que convalidaron las acciones del actual Gobierno en Sacaba y Senkata.
A propósito: 29 personas murieron en estos lugares y la “Justicia”, que tan valiente presenta a cada detenido por hechos semipolíticos rodeado de uniformados encapuchados, exhibiendo armas de guerra, no ha avanzado un milímetro en la identificación de los autores de estas muertes. Veintinueve bolivianos simplemente desaparecieron: se los tragó el hoyo negro abierto por el oportunismo político de la “Justicia” y de muchas otras instituciones e individuos.
Los hechos son tozudos. Una jueza libera a un acusado por los gobernantes y en seguida, antes de que pueda decir “amén”, va a prisión; un ejemplo de actitud democrática y presunción de inocencia. Y no hablemos de la presunción de inocencia que debería beneficiar a los exmandatarios y exfuncionarios, como a todos los ciudadanos.
La actitud de las autoridades es, igual que la de los anteriores gobernantes, considerar culpables a los acusados. Y no resulta en absoluto inocua en un país en el que los jueces y fiscales se rigen por las señales que les dan los políticos y por la ley del más fuerte (se habrán dado cuenta los amigos lectores: la única ley que en Bolivia se cumple indudablemente).
Explicado sumariamente, el Estado de derecho es la garantía de que el Gobierno no tenga más prerrogativas en los tribunales que los individuos a los que eventualmente acusa. Antes no tuvimos Estado de derecho; ahora, tampoco… Hoy, para peor, casi nadie denuncia su carencia.
En efecto, hoy en día no resulta fácil leer que no es precisamente la democracia la que se destaca de entre los diversos regímenes políticos, por sus purgas y razias contra los corruptos oficiales. O que no es el sistema de gobierno que asegure que todo exfuncionario o exjerarca que se presenta ante la “Justicia” pase directamente a la cárcel. O que no es ella la que, a lo largo de la historia, se ha regido por la Ley de Talión.
Andrónico Rodríguez escandaliza: “Estamos haciendo resistencia pacífica contra el fascismo”. ¿Ya no se pueden decir estas cosas en democracia? Además, anuncia: “Desde el 22 de enero vamos a tomar medidas”. ¿Imposible, en democracia? En respuesta, el todopoderoso Ministro de Gobierno le escribe: “Andrónico, cuidado, el radicalismo (…) pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. “Cuidado (…) en riesgo (…) tu futuro”. No son palabras para ignorar, viniendo de quien vienen y en la situación actual. Pero quizá para los escritores y lectores actualmente mayoritarios, tales cosas sean normales en democracia. Una inédita forma de ser “felices como perdices”.
* Periodista.
