Un fenómeno resultante de las jornadas de movilización ciudadana posteriores a los fallidos comicios del pasado 20 de octubre es la organización de grupos autoconvocados para manifestarse en algún evento, ocupar determinado espacio o hacer “vigilias”. Si bien insisten en que su accionar es pacífico, en varios casos están cargados de violencia (simbólica, verbal, de hecho).
En general, la movilización social y la acción colectiva son mecanismos de participación y de control social. Ello no solo es necesario, sino también saludable en democracia. La paradoja es que algunos grupos asumen actitudes autoritarias. Así ocurre con acciones de asedio violento contra los del “otro bando” (en especial exautoridades). El saldo es la vulneración de derechos humanos.
Ciertos grupos de “resistencia” se están atribuyendo peligrosamente la función de enjuiciadores. Suplantan así al sistema judicial y emiten sumarísimas sentencias previas. Basta una denuncia, una sospecha o el solo hecho de haber sido parte del gobierno del MAS para ser condenado. Ello niega el debido proceso y la presunción de inocencia, principios imprescindibles en un Estado de derecho.
En el extremo, “vigilias” en oficinas y domicilios (bajo reflector mediático) asumen acciones de vigilancia, persecución y hasta de control físico que, en el marco de un proceso, corresponderían al Ministerio Público y a la Policía. De ese modo, la acción ciudadana en este caso puede degenerar en grupos parajudiciales y parapoliciales inaceptables en democracia.
