Por causa del severo conflicto político que atraviesa el país no se están abordando temas urgentes como la necesidad de renovar los motores productivos, con miras a generar excedentes para las arcas nacionales. Los fundamentos del actual modelo socioeconómico se basan en la redistribución de estos recursos, sin los cuales su sostenibilidad a corto y mediano plazo podría verse afectada.
En los últimos 14 años, la dinámica socioeconómica del país ha dependido de la capacidad de ciertos sectores estratégicos para generar recursos excedentarios en favor del Estado, los cuales luego son distribuidos mediante políticas sociales y de diversificación productiva. Este modelo ha sido posible en gran medida gracias al incremento de la renta gasífera, y complementariamente por un buen desempeño del sector minero y agroindustrial durante algunos años.
Hay, por supuesto, voces críticas respecto a la capacidad de este esquema para renovar y ampliar la base productiva que lo sostiene. De igual manera, existen dudas sobre la eficiencia del Estado a la hora de redistribuir los recursos, ya sea por la vía de inversión social o con la implementación de proyectos de industrialización y diversificación productiva. Resulta más que necesario evaluar y reflexionar de manera rigurosa y sin apasionamientos sobre esta experiencia.
Sin embargo, la historia nos recuerda que es muy difícil romper radicalmente con orientaciones y lógicas arraigadas en la estructura socioeconómica y en el comportamiento de los actores. Por tanto, más que apostar por una transformación radical, posiblemente poco viable, en una primera instancia sería deseable trabajar con miras hacia una renovación inteligente del actual modelo. Es decir, buscar nuevos sectores capaces de generar excedentes, junto con esfuerzos para mejorar la eficiencia de los mecanismos estatales de redistribución y diversificación del aparato productivo nacional.
El anterior gobierno apuntaba a la explotación del litio, la generación de energía eléctrica a través de represas y el relanzamiento de la agroindustria como alternativas para complementar o suplantar las divisas del complejo gasífero. Todas opciones válidas pero no exentas de cuestionamientos de diversa índole, geoestratégicos, ambientales o sociopolíticos, que merecen ser ampliamente discutidos.
Lo cierto es que, sin el relanzamiento del actual modelo productivo (lo cual requiere decisiones políticas y señales claras que deberían ser tomadas este año), el escenario económico de mediano plazo se perfila muy complicado. El debate electoral que se abrirá en las siguientes semanas constituye un espacio privilegiado para impulsar estas conversaciones colectivas urgentes, que ojalá nos conduzcan hacia una agenda compartida y constructiva de desarrollo.
