Tras haber encaminado por consenso varias decisiones complejas para la necesaria pacificación del país, como condición de la ruta electoral, persiste un lamentable desencuentro entre el Gobierno transitorio y la bancada mayoritaria del MAS en la Asamblea Legislativa. Se trata de la norma pendiente para la garantía de derechos, que fue parte de los acuerdos de noviembre.
Las acciones de pacificación logradas in extremis entre el nuevo oficialismo, alguna dirigencia del MAS y, en especial, representantes de organizaciones sociales movilizadas, tuvieron dos ejes sustantivos. El primero fue encaminar rápidamente el proceso electoral, conforme al mandato de la Constitución Política. El segundo se refería a la reparación de daños por las víctimas de la violencia y, por supuesto, la garantía para el ejercicio de derechos. No ha sido fácil y la incertidumbre continúa.
Como destacamos en este espacio, debemos celebrar la pronta recomposición del organismo electoral con nuevos vocales, así como la convocatoria a elecciones. Se disiparon dudas también sobre la ampliación de mandato. Todo ello fue resuelto por unanimidad. Pero la agenda del pacto político, con acompañamiento internacional, puede truncarse si continúa pendiente el respeto a los derechos humanos. Ello no se resuelve con el fallido decreto de indemnización aprobado en diciembre por el Ejecutivo.
Luego de un primer proyecto de ley (también fallido) que luego fue modificado en varios puntos, la bancada del MAS sancionó a mediados de este mes, sin acuerdo con el oficialismo, la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos. El propósito es “velar por el cumplimiento del ejercicio de derechos fundamentales”, en especial los derechos civiles, políticos y de libre expresión. La norma contempla una parte para la reparación o resarcimiento de daños, y otra sobre libertades y garantías constitucionales.
Ciertamente puede resultar extraña y hasta redundante una norma especial para preservar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. No es así en el actual contexto boliviano, donde un sector de la población siente que la hostigan y se restringen sus libertades y derechos, que arrecia la persecución político-judicial, que hay amenazas contra la libertad de expresión, y que la reparación de daños aún está pendiente. En tal escenario, la citada ley resulta imprescindible.
Pese a su reiterado mensaje de “paz, libertad y democracia”, la Presidenta se ha negado a promulgar la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos (que algunos operadores mediáticos del Gobierno califican como “ley de inmunidad”). El valor y sentido de esta norma es reconocido incluso por acompañantes internacionales como la Unión Europea. Cumplido el plazo, la ley será promulgada por la presidenta del Senado. Es una lástima que no haya seguido la ruta pactada para la pacificación.
