La huella infame de la corrupción está marcada. Los países, las víctimas, las organizaciones y la opinión pública estrechan cada vez más su círculo moral, ético, jurídico y político a favor de la sanción. Durante décadas se han presentado denuncias contra dictadores africanos, asiáticos y latinoamericanos, que han motivado procedimientos diversos. Sin embargo, sus consecuencias ponen en evidencia la necesidad de que salga a la luz la verdad de los hechos y daños causados, así como el nombre de los autores de los delitos y de sus cómplices.
Los elementos que han permitido desviar y retardar la actuación judicial y política en el pasado, hoy se revelan a pesar de su aparente cierre. La consideración de los derechos humanos y su evolución progresiva, y la imprescriptibilidad de los delitos abren nuevas puertas a la Justicia, que tarde o temprano se impondrá: Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur (“Las leyes duermen alguna vez, pero nunca mueren”).
Las estratagemas financieras tras las cuales se ocultan los delitos están quedando al descubierto cada vez más. La posición de EEUU y de Europa, a nivel de gobiernos y de organizaciones y sociedades en las cuales la opinión pública y la prensa libre actúan, es cada vez más constante y exigente.
La acción y el control global de los agentes financieros es cada vez mayor. La cooperación se hace obligatoria. Asimismo, se desarrolla y refuerza el principio de restitución de los bienes expoliados. El secreto bancario también cada vez es menor. La acción social se consolida, y numerosos instrumentos jurídicos internacionales fundamentan nuevas acciones. Por ejemplo, la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha creado una infracción penal internacional que abre un importante escenario. Igualmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 ha reforzado el carácter delictivo de los hechos y es un instrumento fundamental.
Los gobiernos democráticos deben impulsar la lucha contra la corrupción atendiendo la necesidad de demostrar y defender los valores esenciales de la política y de la correcta administración de los Estados; asegurando la rendición transparente de cuentas, la vigencia del Derecho, y su imparcial y autónoma aplicación ante los ilícitos que se cometan.
Algunas de las medidas necesarias para estimular la acción contra la corrupción y la vigencia de principios esenciales para la sociedad pasan por reformar las leyes para que permitan procedimientos especiales que garanticen la acción de la Justicia; la sanción administrativa, civil, penal y ética de los diversos casos; el fomento de organizaciones del tercer Estado que vigilen y procuren la actuación en estos casos; así como reforzar la educación ciudadana a favor de la defensa del patrimonio público y la existencia de comités éticos con poder de actuación.
* Es abogado e historiador venezolano; correo: [email protected]
