Días atrás, la representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Bolivia, Celia Taborga, presentó un informe sobre la situación de niñas y adolescentes en el país. Según este estudio, cada día los servicios de salud nacionales atienden en promedio a siete menores de 15 años embarazadas. Lo que evidencia que no solo el Estado, sino también la sociedad están fallando en esta materia.
El informe refleja estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), el cual reportó que en 2019 al menos 2.485 menores de 15 años asistieron a algún servicio médico para hacer control prenatal. Si se suman los casos registrados entre 2015 y 2019, se tiene un total de 19.938 niñas y adolescentes embarazadas en ese lapso.
Para Taborga, la cifra real probablemente sea mucho mayor, pues es inevitable un subregistro si se toma en cuenta que “la mayoría” de los casos de adolescentes y niñas embarazadas no llega a ningún servicio de salud, sobre todo porque persiste la idea de que tal situación avergüenza a sus familias. Además, según agrega la representante de la agencia de Naciones Unidas, hay servicios de salud en los que no se hace un buen registro.
Se trata de una trágica situación sobre la cual se han hecho numerosas alertas en los últimos años, incluyendo una que advertía que Bolivia es uno de los países de la región con mayor número de casos de niñas y adolescentes no solo embarazadas, sino sobre todo obligadas a culminar su gestación y convertirse en madres sin tener las condiciones para la tarea.
El panorama luce aún más oscuro cuando se observa que cada año centenares de niñas y adolescentes son obligadas a casarse, a menudo con un adulto que las ha abusado sexualmente provocando su embarazo, por padres y madres que creen estar haciendo “lo mejor” para ellas, consideradas incapaces de decidir por sí mismas. Las estadísticas oficiales muestran que el 3% de las mujeres de entre 15 y 19 años de edad ya casadas se juntaron con su pareja antes de cumplir los 15 años.
Estamos frente a un problema atribuible en primer lugar a la sociedad en general, que de una u otra manera impide a niñas, niños y adolescentes recibir información y educación sexual suficiente y oportuna. Y al mismo tiempo las hace culpables por no saber evitar los embarazos no deseados, y que oculta la violencia sexual en nombre del pudor o las buenas costumbres, que ciertamente no se le exigen al adulto agresor.
A su vez, el Estado también falla ostensiblemente al mostrarse incapaz de garantizar los derechos de esas niñas y adolescentes, no solo en la instancia policial, donde se debería denunciar cualquier abuso, sino en todos los órdenes de la vida social, en los que se condena a las niñas y adolescentes por llevar un embarazo, pero no a los varones que lo produjeron, sin ofrecer el apoyo necesario para llevar a término la gestación y, fundamentalmente, para evitar que suceda.
