La economía global está enfrentando una coyuntura muy grave de desaceleración, quizás la más pronunciada de los últimos 25 años. Los impactos serán grandes en todas las economías, lo cual acrecentará aún más la incertidumbre creada por la crisis sanitaria. Urge construir un consenso político básico entre todas las fuerzas para los tiempos difíciles que vienen.
A medida que se amplifican las medidas de protección y las restricciones a la movilidad de las personas y de los bienes en gran parte del mundo, a estas alturas parece inevitable una fuerte reducción de la actividad económica mundial. Los mercados internacionales han respondido a este escenario imprevisto con fuertes caídas en los valores financieros, devaluación de monedas en países emergentes, y la reducción de precios de las principales materias primas, en particular del petróleo. Se habla de una posible recesión global. Es un desbalance sistémico que no se veía desde la gran crisis del petróleo de mediados de los años setenta.
Los impactos de este fenómeno serán evidentes también en Bolivia, por la disminución de los recursos provenientes de las exportaciones, lo que tensionará aún más la balanza de pagos; y el encarecimiento del posible crédito externo. Un horizonte de crecimiento lento o nulo es todavía más preocupante, considerando que la economía nacional ya sufrió una desaceleración por la crisis política y social de fin de año. Sobre llovido, mojado, diría el refrán.
Por otra parte, es evidente que los márgenes fiscales para encarar una posible contracción son muy reducidos; por lo cual no será fácil aplicar medidas de sostenimiento de la actividad económica similares a las que están adoptando varios países. Tampoco parece que el apoyo externo vaya a ser significativo, considerando que el incendio está en todos lados.
Por todas estas razones, la gestión de la epidemia del COVID-19 debería ser extremadamente cuidadosa. Por supuesto, priorizando la seguridad sanitaria, pero también con medidas de contención ante su posible impacto en la actividad económica, que optimicen el uso del gasto público, considerando las nuevas necesidades, pero también la escasez de recursos; y que permitan el funcionamiento de la estructura productiva.
Son tareas complejas, que exigen ser asumidas de manera prioritaria y con inteligencia desde el Estado; junto con un consenso básico entre todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, que vaya más allá de la naturaleza excepcional del Gobierno transitorio y del periodo preelectoral en el que nos encontramos. La confrontación política destructiva debería parar.
En suma, la coyuntura exige la construcción de consensos políticos básicos entre todos sobre el manejo de la crisis sanitaria y los desequilibrios económicos. Se trata de una condición sine qua non para mantener la cohesión y el bienestar de la nación.
