Desde hace meses es evidente un fenómeno que parecería ser creciente: muchos automóviles transitan por las calles de la ciudad de La Paz sin sus dos placas de circulación. Pese a ser obligatorio, el Organismo Operativo de Tránsito, de la Policía Boliviana, se muestra impotente para frenar este fenómeno. Mientras tanto, no son pocos los conductores que se creen habilitados para cometer excesos.
No es un problema menor. Según el reglamento del Código de Tránsito, “ningún vehículo podrá circular en el territorio nacional sin placas colocadas en lugar visible y que correspondan a la serie distintiva del tipo de vehículo y de la clase de servicio a la que está destinado”. Más adelante, la misma norma señala que cualquier automóvil que sea sorprendido circulando sin placas debe ser retirado de circulación por la Policía.
En el caso de la sede de gobierno, donde parecería haber mayor cantidad de automóviles circulando con una sola de sus placas, el fenómeno tiene explicación en una disposición contenida en el reglamento municipal del Régimen Sancionatorio en Materia de Transporte Urbano, que dispone el retiro de una de las dos placas de circulación como una forma de presionar a los propietarios para que paguen sus multas pendientes. Es evidente que la intención es que cualquier agente de tránsito, sea municipal o policial, pueda identificar a los infractores con deudas pendientes.
Un segundo motivo que explica la ausencia de placas en muchos automóviles es el robo de estas matrículas, según reconoce el Director Departamental de Tránsito, quien no señala con claridad qué puede hacer el organismo a su cargo para subsanar esta práctica. Al parecer, muchos propietarios que han sufrido este tipo de robo tampoco saben qué hacer al respecto o prefieren no hacerlo.
Una tercera causa es que en diversas ciudades del país, particularmente las urbes intermedias, hay cientos, si no miles, de automóviles importados de contrabando y que no pueden regularizar su situación, por lo que sus propietarios parecen evitar cualquier intento por inscribirlos en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).
En cualquiera de los tres casos, lo que aparece con nítida claridad es la carencia de recursos tanto en la Guardia Municipal de Tránsito como en el cuerpo policial encargado de estas tareas; pero lo más grave es la falta de coordinación entre ambas instancias, lo que agrava la carencia de fuerza de ley para obligar a conductores y propietarios a regularizar su situación.
Urge, pues, que las autoridades, policiales especialmente, asuman con mayor responsabilidad su papel en materia de tráfico y tránsito vehicular, o lo que es deseable en un contexto autonómico, dejen estas tareas en manos de los gobiernos municipales en lugar de disolver su autoridad, favoreciendo de esta manera a quienes, con aviesa intención, prefieren no ser identificados por el número de placa de circulación de su coche.
