Como coincidiendo con la publicación, el domingo, del informe del Banco Mundial (BM) sobre la economía en América Latina y el Caribe en tiempos del COVID-19, los gremios empresariales del país han iniciado una intensa campaña para ser escuchados por el Gobierno transitorio y, en lo posible, incluir sus medidas de rescate y ayuda en las políticas que se implementan ante la emergencia.
El primero en sugerir la necesidad de “un gran acuerdo nacional” para evitar un desastre económico tras la pandemia fue el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien la semana pasada señaló que además de reactivar el debate sobre el pacto fiscal, urge involucrar en el debate a “todos y cada uno de los sectores productivos, movimientos sociales, personas, empresas, micro empresas, el sector privado y el sector público para buscar soluciones a un desastre económico que es a nivel mundial”.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó al Ministerio de Economía un proyecto de decreto supremo que plantea suspender por seis meses el pago de las cuotas por deudas tributarias de las empresas privadas al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). También plantea diferir el pago de los aportes a los fondos de pensiones y a la seguridad social. Por otro lado, voceros de la institución hablan de una “economía de guerra”, que necesita la inyección de unos $us 6.000 millones para el consumo y la reactivación de la actividad productiva del país.
A su vez, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) recomendó extender los horarios de venta y distribución de 7.00 a 16.00; ampliar la canasta familiar con productos farmacéuticos y otros necesarios para las familias bolivianas, como servicios e insumos; mejorar las condiciones para que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo; y un mecanismo colaborativo entre el Estado y la CNI que garantice la transparencia de la implementación de la propuesta.
Finalmente, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) recomienda inyectar dinero a la economía, en un monto cercano al 20% del PIB. La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) pidió además el pago de deudas pendientes de los tres niveles gubernativos a las empresas constructoras, y un crédito de Bs 7.000 millones para evitar un colapso económico del sector, uno de los más intensivos en mano de obra.
En tiempos cuando el BM pronostica una tasa de crecimiento de la economía boliviana de -3,4% para este año, y la Organización Mundial del Comercio (OMC) pronostica un descenso de entre el 13% y el 32% en el comercio mundial, las autoridades del Gobierno transitorio afrontan el reto de implementar medidas de emergencia que demandan, además de mucha creatividad y flexibilidad macro y microeconómica, una verdadera vocación para generar consensos, que es, probablemente, la parte más difícil de todas.
