Las medidas de emergencia sanitaria y de excepción adoptadas por los gobiernos para enfrentar el coronavirus no suprimen, sino más bien presuponen, la más amplia información pública. Todas las instancias estatales, en especial el Órgano Ejecutivo, tienen la obligación de informar con transparencia sobre la gestión de la pandemia. Y los ciudadanos tenemos el derecho de exigirlo.
Dos principios fundamentales en democracia son el acceso a la información y la transparencia con rendición de cuentas sobre la gestión pública. Mientras más se alejan los regímenes políticos de estos principios, o los vulneran, tienden a ser más autoritarios. Peor todavía cuando desde las propias instancias gubernamentales se asume la opacidad como respuesta, por estrategia u omisión, ante la demanda informativa de la ciudadanía. Esto puede ser muy crítico en situaciones de alta perplejidad.
La pandemia del COVID-19 y su voraz expansión en el mundo, con cerca de 2 millones de casos registrados y más de 125.000 muertos a la fecha, ha sorprendido a todos, generando dudas, temores e incertidumbre. Es justamente cuando más se necesita información transparente. La desinformación, sazonada con una débil vocería oficial y la difusión premeditada de bulos, alienta tensiones y desencuentros. Mala noticia para la gestión de la emergencia y la necesaria conversación pública para enfrentar la crisis.
En relación a las estrategias de contención y de mitigación adoptadas en torno a la pandemia, es fundamental que desde el Gobierno se genere información amplia y oportuna. El ritual diario de reportar nuevos casos y fallecidos es necesario, pero está lejos de ser suficiente. Para brindar certidumbre a la ciudadanía, es imprescindible que las autoridades informen, para empezar, sobre el dato sensible y central de cuántas pruebas se están realizando cada día, dónde, y en qué laboratorios.
En el país, más allá de una vocería oficial insuficiente y contradictoria sobre la emergencia sanitaria, con fuerte acento en acciones sancionatorias y el despliegue de la fuerza pública para “hacer cumplir” (sic) la cuarentena, hay escasa información y transparencia acerca de cuestiones sustantivas como las mencionadas pruebas, el equipamiento, las condiciones del personal médico, adquisiciones y hasta de algo elemental como los protocolos. Todo ello se maneja casi como si fuese un “secreto de Estado”.
En ejercicio de nuestros derechos constitucionales en democracia, los ciudadanos, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, debemos exigir información pública amplia y transparente sobre la gestión de la pandemia. Y el Gobierno provisorio tiene la responsabilidad de proveerla. De lo contrario, difícilmente podremos alcanzar acuerdos mínimos como país para enfrentar esta emergencia y sus terribles efectos en un agravado escenario de crisis, polarización e incertidumbre.
