Como punta de lanza de su estrategia de mitigación del coronavirus en el país, el Gobierno provisorio ha asumido una preocupante retórica bélica que va más allá de las restricciones necesarias y tolerables resultantes de la emergencia sanitaria. Hay el riesgo evidente de que, en el marco del estado de excepción en curso, se imponga una inaceptable lógica de asedio y de selectiva persecución política.
Hemos asumido en este espacio que la letal pandemia del COVID-19 y la consecuente situación de emergencia decretada por el Ejecutivo conllevan medidas duras como la cuarentena total, dos veces ampliada en el país. En general, la ciudadanía asume la necesidad de esta medida para limitar los contagios, con las restricciones derivadas del mandato de “quedarse en casa”. Pero tampoco pidan a las personas (los representados) que renuncien a sus derechos a opinar, criticar y fiscalizar a los gobernantes.
Reportes periódicos dan cuenta de detenciones de quienes, por diferentes razones, incumplen la cuarentena. El decreto supremo al respecto establece como sanciones el arresto por ocho horas y una multa pecuniaria. Ello, sin perjuicio de denuncias penales por “delitos contra la salud pública”. Parece excesivo, pero también necesario. Claro que la aplicación de la ley no siempre es igual para todos, como se demuestra en el caso del director del Fondo Indígena. Para unos hay delito; para otros, “error”.
Pero sin duda lo más preocupante es que se haya dispuesto, por decreto, la posibilidad de establecer juicios penales contra las personas que “desinformen o generen incertidumbre”. Así, el Gobierno provisorio, con recurso a la fuerza pública, fiscales y jueces a su servicio, puede perseguir, sentenciar y encarcelar de manera discrecional a quienes hagan “movimientos de desinformación”. Y no solo en el espacio público, sino incluso en las redes sociales digitales. ¿El delito? Una supuesta “guerra virtual”.
En ese marco, sorprendió la noticia difundida por el titular de Gobierno en sentido de que fueron aprehendidos 67 “actores políticos” que, vía “patrullaje cibernético”, habrían sido sorprendidos haciendo guerra virtual. Más todavía: que 37 de ellos ya tienen condena, al parecer en procesos abreviados y secretos. No se sabe quiénes son estos ciudadanos ni cuáles los delitos por los que fueron detenidos “con las manos en la masa” (sic). En esto, como en cuestiones sanitarias, prima la subinformación oficial.
¿Se está penalizando la libertad de expresión en Bolivia? ¿Hay persecución contra quienes emiten opinión crítica en las redes sociales? ¿Quién califica la palabra en clave de “movimiento de desinformación” y, en consecuencia, como delito? ¿Cuándo un tuit, por ejemplo, o un meme desestabilizan o generan incertidumbre? La declarada “guerra virtual”, extensión del estado de excepción, plantea varias interrogantes que deben ser respondidas por las autoridades. Sin libertad de expresión no hay democracia.
