Como parte de sus mensajes y acciones contra el letal coronavirus, la candidata-presidenta convocó a una jornada de ayuno y oración en el país. Más allá de sus respetables creencias espirituales, lo cuestionable es que Jeanine Áñez realice esta invocatoria como cabeza del Órgano Ejecutivo, ignorando que “el Estado es independiente de la religión”. Su mensaje generó polémica.
No es la primera vez que la Presidenta apela a la fe y al uso de símbolos religiosos como parte de su gestión. Tampoco es novedad que se utilicen bienes públicos para fines confesionales. En Semana Santa, vehículos de la Policía Nacional (esto es, del Estado) sacaron en procesión a una virgen en plena cuarentena. Ocurrió lo propio con un helicóptero que esparció desde el aire bendiciones y agua bendita. En realidad, el propio Gobierno provisorio se estrenó con una gran Biblia que “volvió a Palacio” (sic).
La nueva Constitución Política, aprobada en referéndum nacional luego del proceso constituyente y en vigencia desde hace más de una década, establece de manera inequívoca dos principios fundamentales. El primero es que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones”. El segundo principio es que ese mismo Estado es independiente de cualquier organización o confesión religiosa; es decir, es un Estado laico. No hay lugar a interpretación o equívoco.
Pese a este precepto, durante el gobierno de Evo Morales se utilizaron creencias y cosmovisiones para propósitos estatales y en actos públicos. Se lo hizo a veces de manera instrumental e incluso con fines electorales. Esta contaminación continúa hoy de la mano de la primera mandataria interina. Claro que cualquier persona, en ejercicio de sus libertades y derechos, puede cultivar y promover sus filiaciones y confesiones religiosas. Pero es inaceptable, además de inconstitucional, hacerlo como y desde el Estado.
En relación al “mensaje de fe” difundido por Áñez para un día de ayuno y oración, todo bien si lo hiciera en su condición de ciudadana, de madre y hasta de candidata. Pero es imposible desligar tal invocatoria de su condición de presidenta provisoria. Apelar a Dios para “vencer la pandemia” no puede ser la política oficial del Estado boliviano en una situación de emergencia sanitaria que ya ha superado el millar de contagios y medio centenar de fallecidos. Tampoco ayuda el gabinete en plan plegaria.
Que cada quien profese libremente la religión que desee y predique sus creencias espirituales. Pero del Estado se esperan políticas públicas. Y hoy, en medio de la incertidumbre por el COVID-19, se exige del Gobierno medidas sanitarias, información transparente, pruebas masivas, dotación de equipo de bioseguridad, acuerdos en lugar de persecución política, debate público en vez de “patrullaje” contra la libertad de expresión, órganos y autoridades del poder público independientes de la religión. Para decirlo en pocas palabras: Estado democrático, de Derecho y laico.
