El viernes pasado, Día de los Trabajadores, la Presidenta interina emitió uno de sus ya acostumbrados mensajes televisivos para hacer algunos anuncios importantes. Esta vez se trató de la promesa de crear cientos de miles de empleos a partir de junio de este año. Se trata de un plan ambicioso no solo por el número de fuentes laborales, sino también por el momento en que se anuncia.
A simple vista, el mensaje presidencial debiera ser tomado como una excelente noticia para la clase trabajadora, que hoy más que nunca tiene en frente un futuro oscuro, por decir lo menos; pues, en palabras de la Mandataria, se trata de un proyecto que “se llamará Plan Trabajo y tendrá como meta beneficiar a 600.000 personas de manera directa o indirecta”, lo cual ayudará a superar la crisis que la pandemia por el COVID-19 está causando en el país.
El plan del Gobierno implica, siguiendo la doctrina keynesiana desarrollada en la primera mitad del siglo XX luego de la Gran recesión de 1929, crear muchos empleos de emergencia. En sus palabras, el plan consistirá “en la rehabilitación de centros de salud y hospitales abandonados y deteriorados”; en los barrios se “construirán aceras, alcantarillados, empedrados, y obras de mejoramiento”; y en “el área rural se trabajará en caminos, muros de contención y otros”. Asimismo, prometió introducir biotecnología para mejorar los rendimientos productivos del sector agrícola, aspecto que por sí solo merece mucho debate.
Finalmente, el mensaje incluyó un gesto a la COB, cuando la Presidenta prometió “empezar a trabajar en conjunto, una agenda común; una agenda basada en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana; una agenda que quizá, entre una crisis y otra, como por ejemplo la del coronavirus, hemos ido postergando”. Resta ver cómo conciliará los intereses de la institución de las y los trabajadores con los de la patronal, que ya anunció su total oposición a considerar siquiera un incremento salarial para la presente gestión.
El problema es que, bien mirado, el anuncio implica un supuesto de difícil cumplimiento: para tener éxito, el plan debe ser sostenible en el tiempo, así no sea permanente, pues crear esa cantidad de empleos necesitará varios meses hasta que las obras sean visibles, y no solo en las ciudades capitales; y por ahora la Mandataria no puede asegurar que seguirá en el poder después de las elecciones presidenciales.
Previsiblemente, varias voces han manifestado su sospecha de que se trataría de anuncios más propios de una campaña proselitista que de gestión gubernamental. Es posible, pues, que el anuncio tenga un costo para la Presidenta candidata, sobre todo si descubre que entre decir y hacer, particularmente en un Estado con débil institucionalidad, hay una brecha a veces imposible de superar.
