Aún no hemos ingresado a la época crítica de incendios y ya se han levantado las alarmas por el aumento de las quemas registradas en los primeros meses de este año. Con más de 15.000 focos de calor detectados a nivel nacional entre enero y abril de 2020, el 80% de estos en Santa Cruz, estamos muy por encima de la media de los últimos años, superando peligrosamente a 2019 en un 35% respecto al mismo periodo, según el monitoreo realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Pese a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, que ha obligado a paralizar gran parte de las actividades productivas y económicas del país, las quemas en áreas de uso agropecuario representan el 94% del total registrado en el departamento de Santa Cruz a la fecha. Si bien los focos de calor en bosques son de menor proporción, se han vuelto a registrar incendios en áreas protegidas, que fueron severamente afectadas por el fuego en 2019, como el parque nacional Otuquis, el área natural de manejo integrado San Matías y Ñembi Guazu, poniendo en relieve la vulnerabilidad de estas áreas ante incendios que amenazan con volverse cada vez más frecuentes.
Estamos ante un escenario complejo que nos plantea desafíos sin precedentes. Los incendios de 2019 nos mostraron una nueva dimensión del comportamiento del fuego, donde las quemas provocadas para la habilitación de tierras y las condiciones extremas atribuidas al cambio climático configuraron los ingredientes para el desastre, frente a lo cual todos los esfuerzos y medios de combate y extinción desplegados resultaron insuficientes. Hoy la pandemia se suma a este escenario y nos deja un sistema debilitado y con mayores limitaciones y retos para el manejo de emergencias, que implican adecuar los planes de respuesta con protocolos de seguridad sanitaria y bajo las condiciones más adversas.
Los desastres nos recuerdan la importancia de invertir más en la prevención y reducción de riesgos, pero esto no suele ser una prioridad en las agendas políticas. Las decisiones y propuestas actuales para responder a la crisis que atraviesa Bolivia y reactivar la economía y el aparato productivo, en un contexto de inseguridad alimentaria, amenazan con exacerbar aún más las presiones de desmontes y quemas para la expansión agrícola y los riesgos de incendios forestales. Lo que a su vez representa un peligro para la salud. Esta es una oportunidad para cambiar de enfoque y exigir políticas más efectivas, socialmente justas y responsables con el medioambiente. Y en esta materia, los esfuerzos conjuntos y coordinados entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil se tornan fundamentales para encarar la gestión de riesgos y el manejo integral del fuego en el país.
Verónica Ibarnegaray Sanabria
