Por mandato de la Ley de Postergación aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la jornada de votación para las elecciones generales 2020 debe realizarse como máximo el 1 de agosto. Ello implica que el TSE tendrá que fijar fecha y reanudar las actividades del calendario electoral, hoy suspendido, a más tardar la tercera semana de junio. Es una decisión compleja.
Los comicios para elegir al binomio presidencial y a los representantes al Órgano Legislativo llegaron tras haberse declarado “sin valor legal” las fallidas elecciones de octubre de 2019 (en Bolivia no existe la figura de anulación de un proceso electoral). En ese marco, tras la designación de nuevas autoridades electorales, la votación fue convocada para el pasado 3 de mayo. Pero su implementación no fue posible debido a la situación de emergencia sanitaria, en especial la cuarentena decretada por el Gobierno provisorio.
En este contexto de Estado de excepción por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2, sumado a la persistente crisis político-institucional y la polarización en el país, la fecha para elegir en las urnas a un gobierno legítimo se convirtió en sí misma en fuente de disputa. Así, unos actores políticos exigen “elecciones ya”, otros quieren postergar el proceso sine die, y algunos buscan situarse discursivamente en el medio. Todos ellos pensando más en su cálculo estratégico-electoral que en la crisis derivada de la COVID-19.
La disputa por la fecha de los comicios se torna más intensa a medida que las actividades posconfinamiento se van adecuando a la “nueva normalidad”. Claro que la salida, asumiendo que la cuarentena total es hoy insostenible, tiene lugar en la fase más crítica de contagio comunitario. En tales condiciones, el TSE tiene la responsabilidad de brindar certidumbre con prontitud: sobre la fecha de votación, la reanudación del calendario, las medidas de seguridad sanitaria durante la jornada electoral.
A reserva de que se adopte una fecha razonable para el sufragio, cuyo plazo podría variar en atención a la emergencia sanitaria, lo indiscutible es el pleno respeto al principio de preclusión; esto es, que en ningún caso pueden revisarse o repetirse actividades ya realizadas. Es un principio fundamental del sistema electoral boliviano, y mal harían algunos actores políticos, con arreglo a sus intereses, en pretender desconocerlo. El calendario electoral debe retomarse desde la actividad que quedó pendiente.
Otro riesgo inaceptable es pretender bloquear las elecciones, ora mediante acciones constitucionales, ora con operaciones de facto, pues se estaría cerrando la única vía institucional, democrática y pacífica para la renovación de autoridades y representantes electos. En un contexto de crisis y polarización, agravado por la incertidumbre, Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria vinculada a la tentación de prórroga de mandatos sin legitimidad.
