La irregular aprehensión del juez Hugo Huacani, poco antes de que lleve adelante la audiencia cautelar por el caso respiradores, provocó sorpresa y dudas, primero; e indignación y cuestionamientos, después. Se trata de un nuevo e inaceptable acto de intromisión contra el Órgano Judicial. Organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron al respecto demandando una investigación.
El pasado viernes, el juez asignado al caso de los 170 respiradores españoles, comprados con sobreprecio por el Gobierno nacional, debía realizar la audiencia cautelar con los cinco acusados hasta el momento, incluido el ex ministro de Salud. Y cuando ingresaba al tribunal fue prácticamente secuestrado por policías y civiles, sin que exista un requerimiento o proceso abierto para el efecto. El hecho provocó la suspensión de la audiencia por segunda vez (la primera fue por el rechazo a la modalidad virtual).
La detención del juez se produjo sin ninguna información oficial sobre las causas de semejante hecho. Su liberación fue resultado de una acción de libertad interpuesta por el propio magistrado tras su arresto. Ante las repercusiones por esta arbitrariedad, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió un comunicado aclarando que no había emitido ninguna orden de aprehensión en su contra. A su vez, el Ministerio de Justicia difundió una aclaración señalando que no había presentado ninguna denuncia contra Huacani.
Pronto se conocieron categóricos pronunciamientos de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a tiempo de llamar a las autoridades a investigar las circunstancias de la aprehensión, recordó que “la independencia judicial es vital para la vigencia del Estado de derecho”. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras demandar la protección de la actividad judicial, llamó a “evitar que estas acciones indebidas se repitan”.
En ese contexto se supo por un comunicado oficial que la entidad responsable de la detención del juez, operada por la Policía, fue el Ministerio de Gobierno. Alegó en descargo la “posible parcialización (de Huacani) en un caso de cesación de detención preventiva”. Y presume “un hecho en flagrancia” (sic). Con esa lógica, cuestionó el director de Human Rights Watch (José Miguel Vivanco), el Gobierno de Bolivia “podrá encerrar a todo juez que emita una decisión que no le guste”.
Es “un desvarío”, remató. Más allá de las implicaciones del “secuestro” de marras como hecho en sí mismo, es muy crítica la persistente lógica de amedrentamiento desde el Órgano Ejecutivo contra fiscales y jueces para influir en decisiones judiciales (hay innumerables ejemplos de ello en el gobierno del MAS). Claro que este caso reviste atención y gravedad especial, toda vez que el juez Huacani tiene a su cargo el proceso relacionado con el mayor escándalo de corrupción de la gestión gubernamental de la presidenta-candidata Jeanine Áñez.
