La nueva etapa de cuarentena “dinámica y condicionada” se inicia en medio de un repunte de los contagios. Los gobiernos departamentales y municipales están asumiendo mayor protagonismo. Sin embargo, esto no exime al Gobierno central de sus responsabilidades de rectoría. Al contrario, más que nunca se necesita una clara coordinación entre todos los niveles del Estado.
Después de 70 días de cuarentena estricta, en gran parte del país las restricciones de movilidad serán flexibilizadas de manera paulatina, supuestamente con base en indicios de la estabilización de los contagios en sus territorios. Sin embargo, llama la atención que varios municipios han iniciado este proceso sin que sus calificaciones de riesgo hayan mejorado significativamente en las últimas semanas.
Se entiende la urgencia de algunos ciudadanos y empresas para reiniciar actividades. Pero, otra vez, no queda clara la aplicación de los criterios y los riesgos que esto implica para la población. Parecería que depende mucho de los equilibrios sociopolíticos de cada territorio y no tanto de estándares epidemiológicos estrictos. Se esperaría que cada gobierno local evalúe con cuidado sus opciones, ya que están asumiendo una gran responsabilidad.
Otra situación extraña es la distancia que está tomando el Gobierno central frente a estas decisiones. El Ministerio de Salud ha publicado un mapa de riesgo municipal, pero tal parece que no desea ejercer una rectoría, o que cuente con instrumentos para monitorear su efectiva aplicación. ¿Por qué algunos territorios están empezando a liberar actividades cuando tienen aún un riesgo alto de circulación del COVID-19? ¿Pueden las autoridades locales asumir riesgos sin que el Gobierno central diga algo?
Y existe otra cuestión aún más inquietante: los gobiernos locales tienen un gran reto, y de sus acciones depende la salud de cientos de miles de personas. Pero al mismo tiempo enfrentan escasez de recursos. El desempeño de muchos de ellos ha sido deficiente en estos tres meses de crisis; por ejemplo, en el caso de varios servicios departamentales de salud (SEDES). ¿Por qué ahora será mejor? ¿Se han reestructurado en este tiempo?
Lo cierto es que el Gobierno central tiene la obligación de acompañar a todos los territorios en este esfuerzo, monitorear su desempeño, compensar las obvias desigualdades de recursos que existirán entre ellos, e intervenir cuando haya necesidad de hacerlo. En medio de una crisis sanitaria de tal envergadura, no pueden haber diferencias en la atención de salud entre las regiones, y solo el poder central tiene los medios para velar que eso no suceda.
En otras palabras, existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa, y el Gobierno central no puede eludir su rol crucial en los resultados que se obtengan. La población al final juzgará el desempeño de sus autoridades sin distinción.
